Una serie de declaraciones ha realizado durante los últimos días el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La semana pasada, durante una entrevista, el comunero mapuche aseguró que la forma de “vengar” la muerte de Pablo Marchant -quien también integraba la CAM y falleció el 9 de julio de 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue- era mediante la lucha “contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

En ese marco, afirmó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica”.

Días después, precisamente este lunes, el líder de la CAM señaló que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, específicamente hacia “insumos” y “maquinarias”.

Ante sus declaraciones, este martes el fiscal nacional, Jorge Abbott, explicó que actualmente existe una investigación vigente en contra del comunero mapuche en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

“Estamos investigando una querella presentada por infracción a la Ley de Seguridad de Interior del Estado, pero que dice relación con hechos anteriores, respecto a los cuales es una investigación que está en curso y en algún minuto se podrá tomar alguna alguna decisión al respecto de la misma”, precisó.

Sin embargo, detalló que para iniciar una nueva investigación por las recientes declaraciones, también invocando la Ley de Seguridad del Estado, el gobierno debe presentar una querella.

“La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, señaló el fiscal desde La Moneda, tras participar de una jornada de trabajo con autoridades de la Administración Central del Estado para avanzar en la creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

Sin embargo, explicó que ante una eventual “ausencia” del gobierno frente a una posible querella, la fiscalía “eventualmente, si ese tipo de conductas es constitutivo en un delito distinto, es probable que producto de la reserva de nuestras investigaciones pueden ser agrupadas investigaciones actualmente vigentes”.

“Siempre estamos analizando las herramientas jurídicas que podemos utilizar”

No obstante, esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, -en diálogo con Tele13 Radio- fue consultado sobre una posible persecución penal en torno a las palabras del líder de la CAM.

Al respecto, la autoridad de gobierno explicó que casos como estos “siempre están en análisis” y que “hay que evaluar las herramientas que uno tiene”.

En esa línea, agregó que “efectivamente las declaraciones del señor Héctor Llaitul, así como las declaraciones de un empresario que se realizó estos días, siempre son motivo de análisis”.

Sin embargo, remarcó que “hay que utilizar las herramientas cuando uno tiene la certeza de que van a ser eficaces y que, por lo tanto, efectivamente van a tener resultados”, pero que “siempre estamos analizando las herramientas jurídicas que podemos utilizar”.

Sin embargo, no es primera vez que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se enfrenta a esta situación.

En mayo de este año, Llaitul realizó un llamado a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” ante el anuncio de la creación de un Estado intermedio, en medio de la discusión del Ejecutivo para buscar una alternativa al Estado de Excepción Constitucional para la Macrozona Sur.

La declaración del líder del CAM, en ese entonces, generó emplazamientos desde la oposición a La Moneda para querellarse en contra del comunero mapuche, pero el subsecretario del Interior descartó aquella posibilidad, asegurando que aportarían antecedentes a denuncias ya interpuestas.

“Hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”, enfatizó en ese momento. Posteriormente, el Presidente Boric respaldo aquella definición.

“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, señaló el Mandatario, y agregó que “ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”.

Sin embargo, tras la decisión de La Moneda surgieron dudas. En aquella ocasión, desde el Ministerio Público señalaron que dicha resolución impedía investigar en lo penal el llamado que hizo Llaitul, considerando que sus dichos podrían enmarcarse en una figura prevista por la Ley de Seguridad del Estado.

Según explicaron esa vez, sólo el Ejecutivo -a través de una querella de Interior que individualice la acción delictual- podía invocar esa norma, ya que no son delitos que se puedan indagar de oficio.