“El presupuesto era deficiente, porque era un presupuesto que se hizo dentro de una oficina y a nosotros nos correspondió ahora adecuar ese presupuesto a las necesidades concretas”.

De esa forma, la entonces presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche), justificó en un punto de prensa en septiembre del año pasado la solicitud que hizo la mesa directiva al gobierno de Sebastián Piñera para recibir dos mil millones de pesos adicionales al presupuesto con el que contaban para funcionar.

La frase de Loncon da cuenta de que la discusión sobre el presupuesto de la Convención fue polémica desde los inicios de su funcionamiento. Hoy, ya disuelta, es posible hacer un balance a través de los informes de ejecución realizados por la Dirección de Presupuesto (DIPRES), dependiente del Ministerio de Hacienda. En los documentos se detallan los gastos en que incurrió el órgano entre 2021 y mayo de 2022; los datos hasta julio de este año, su mes de término, aún no son publicados.

En total, según se desprende de ambos informes, el órgano constituyente gastó $ 17.359.191.000 en diez meses de funcionamiento.

Según detalló el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de este año, a la Convención se le asignaron $ 10.584.592.005 en el marco de la Ley de Presupuestos 2021, y otros $ 5.283.830.995 a través del Presupuesto de 2022. Pero, además, a partir de un incremento de la misma ley, el órgano constituyente recibió otros $ 6.406.045.000 para gastos en personal, bienes, servicios de consumo, entre otros. De esta forma, en total el presupuesto de la Convención para sus 12 meses de actividad bordeó los 22 mil millones de pesos.

Entre los gastos se detalla que el ítem en que más dinero se ocupó fue en personal, con un total de $ 5.867.849.000. Cabe recordar que, además de los convencionales y sus asesores, en la Convención trabajaron secretarios, abogados, periodistas, diseñadores, guardias de seguridad, entre otros funcionarios.

Asimismo, se ocuparon $ 3.952.465.000 en “bienes y servicios de consumo” durante el período de tiempo registrado, y otros $ 5.603.553.000 en “transferencias corrientes”. Dentro de estas transferencias, un total de $ 1.763.821.000 se utilizaron en actividades de participación ciudadana y difusión.

Este último ítem justamente fue uno de los sellos que se le intentó dar al órgano constituyente, el que desde el comienzo se impuso vincular su trabajo con la ciudadanía. Por lo mismo, desarrolló dos salidas regionales -al Biobío y a Antofagasta-, semanas territoriales, una consulta indígena, la recepción de audiencias públicas y el ingreso de iniciativas populares de norma, así como la difusión de las normas aprobadas en redes sociales y en medios de comunicación de circulación nacional y regional.

Cabe destacar que, durante su funcionamiento, la Convención realizó convenios de transferencias con entidades tales como el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) -por 974 millones-, el Gobierno Regional de Antofagasta -por 463 millones- y el Gobierno Regional de Biobío -por 326 millones de pesos-. Estas dos últimas, a raíz de las salidas regionales.

En tanto, también dentro de las transferencias corrientes, según se deprende de los informes, $ 3.839.732.000 fueron usados para pagar asignaciones, siendo éste el único ítem presupuestario definido en la actual Constitución, pues se trató de la dieta mensual que recibieron los constituyentes.

El reglamento de asignaciones que creó la Convención, y que comenzó a regir en agosto del año pasado, detalló que las asignaciones para cada convencional ascenderían a un monto máximo mensual de 77 UTM, el que sería distribuido entre el “personal de apoyo a la función constituyente” -40 UTM-, “gastos de manutención” -27 UTM- y “gastos operacionales” -10 UTM-.

El reglamento también consignaba que cada convencional recibiría una asignación extra de cinco UTM para gastos operacionales si cumplía con alguno de los siguientes requisitos: ocupar un escaño reservado para pueblos originarios, pertenecer a distritos cuya superficie territorial superara los 30 mil kilómetros cuadrados o que comprendiera las provincias de Chiloé, Palena, Arica y Parinacota; quienes integraran la mesa directiva de la Convención o hayan sido coordinadores de las distintas comisiones, como también quienes hayan debido incurrir en gastos por “funciones de cuidados debidamente acreditadas”.

En cuanto a la adquisición de activos no financieros, los informes precisan que se ocuparon $47.960.000. De ellos, se utilizaron $ 3.990.000 en “mobiliario y otros”, $ 28.230.000 en “máquinas y equipos” y $ 15.740.000 en “equipos informáticos”.

También hubo una transferencia de capital por $ 854.661.000 pesos a “otras entidades públicas” durante 2021, lo que correspondió a la habilitación del Salón de Honor del exCongreso Nacional, lugar que fue utilizado para actos como la ceremonia de cierre de la Convención, la elección de la segunda mesa directiva y su ratificación.