Fue el gremio Clínicas de Chile -que agrupa a los 46 principales prestadores de salud privados del país- el que levantó la alarma, ante niveles récord que adeudan Fonasa e isapres por concepto de atenciones a pacientes.

Según señaló el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, las deudas alcanzan alrededor de US$700 millones: solo Fonasa unos US$345 millones, mientras lo adeudado por las isapres llega en torno a US$350 millones.

Una situación que complica a los prestadores privados de salud, considerando que las clínicas prácticamente obtienen todos sus ingresos a través de pacientes Fonasa e de isapres. Según Fuenzalida, hay prestadores que están esperando los pagos hace tiempo, e incluso han tenido que endeudarse para seguir funcionando.

Ante esto, se consultó tanto a Fonasa como a Isapres para que dieran cuenta de las razones detrás de esta problemática, siendo solo estas últimas las que -por ahora- han dado respuesta, a través de la Asociación de Isapres. Por medio de una declaración escrita, el gremio subrayó estar pasando por una "delicada situación financiera" producto de una serie de factores, lo que ha gatillado una "crisis" en el sector.

"El sector enfrenta un delicado escenario financiero, como consecuencia de un histórico incremento en los costos por licencias médicas, prestaciones y judicialización, a lo que se suma el congelamiento de los precios de los planes desde 2020 a julio de 2022", indicó.

Además, expuso que "en los últimos días se ha conocido el pronunciamiento de la Superintendencia de Salud, que rechazó el proceso de adecuación de precios validado en la ley 21.350".

"Lo anterior, arriesga que las isapres sigan profundizando su crisis, adentrándose a un escenario de inviabilidad financiera que pone en riesgo a los tres millones de usuarios del sistema que podría aumentar la carga del ya sobrepasado sistema público", recalcó el escrito.

Con esto, la Asociación de Isapres manifestó que "sin duda, nuestro sector hará los esfuerzos para cumplir con los compromisos que se tienen con los prestadores y seguir brindando las coberturas pactadas con los afiliados y afiliadas".

"No obstante, un requisito básico para viabilizar el funcionamiento de cualquier sector es la certeza del cumplimiento de la institucionalidad vigente, garantía que hoy la autoridad, la Superintendencia de Salud, no entrega", concluyó.