La ley Ricarte Soto entró en vigencia en 2015, como una forma de dar cobertura a las enfermedades de alto costo que hasta ese momento no tenían ninguna alternativa de financiamiento para los pacientes.

Desde su implementación, la norma ha ido incrementando el número de patologías que abarca, llegando a ser 27 enfermedades, de las cuales más del 50% son poco frecuentes, y contemplando a 37.840 personas.

Sin embargo, el decreto para este año no incorporará nuevas enfermedades, tras haber analizado 22 patologías ya cubiertas.

De hecho, mediante un oficio enviado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, se señala que "la proyección de los ingresos, gastos y holgura para los años 2020 a 2023 solo permite la continuación de los tratamientos incluidos en el decreto N°2 de 18 de enero de 2019, por lo que un nuevo decreto podrá considerar únicamente el reemplazo de tratamientos garantizados por tecnologías que evidencien una mayor costo-efectividad o la inclusión de nuevos tratamientos cuyo efecto sea neutro en el gasto esperado".