La encuesta Plaza Pública de Cadem constató que el 77 por ciento de las personas consultadas está de acuerdo con el estado de excepción constitucional de emergencia que decretó la semana pasada el Gobierno de Gabriel Boric para las provincias de Arauco y Biobío y la Región de La Araucanía, que La Moneda ha planteado como una medida con ribetes "acotados" para resguardar las rutas.

El estado de emergencia ya rigió hace poco en la misma zona, entre mediados de octubre del año pasado y fines de marzo del corriente: lo inició la entonces Administración de Sebastián Piñera y terminó luego de que el Ejecutivo de Boric, una vez asumió el mando del país, decidió no renovarlo.

En este marco, si se compara el respaldo ciudadano que tuvo la misma medida en ambas períodos, esta vez cuenta con más apoyo que cuando lo decretó Piñera (55 por ciento), en octubre pasado.

Asimismo, las voces en desacuerdo son mucho menores ahora que entonces, con un 19 por ciento en esta encuesta versus el 41 por ciento que hubo en el sondeo de aquel mes del 2021.

En esta oportunidad, además, el 85 por ciento cree que la medida fue adoptada de manera tardía, mientras el 15 por ciento estima que fue a tiempo.

Por otra parte, el 76 por ciento de los encuestados considera que en La Araucanía sí hay terrorismo, porcentaje que creció en 20 puntos porcentuales en el último lustro (56 por ciento en junio de 2017).

Sobre la manera de enfrentarlo, el 44 por ciento señaló la vía de hacerlo con las Fuerzas Armadas, en tanto que el 25 por ciento el camino judicial y policial y el 24 por ciento el diálogo político.

Entre las principales razones de la situación de violencia en la zona, mencionaron la presencia de grupos violentistas/terroristas, la pobreza y falta de oportunidades del pueblo mapuche, la falta de apoyo y recursos para Carabineros, la mala gestión de la Justicia y la falta de entrega de tierras.

El estado de excepción fue anunciado por el Gobierno el último lunes por la noche y comenzó a regir el martes: tiene una vigencia de 15 días, prorrogables por una única vez vía decreto para otro período similar; mientras que futuras extensiones requerirán acuerdo con el Congreso.