La Contraloría presentó un informe al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el que acusa a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Archifap), presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), de una serie de irregularidades en convenios para adquirir medicamentos, falta de información administrativa y un mal manejo de dineros fiscales.

Según informó La Tercera PM, este documento indicó que durante las fiscalizaciones no se logró acceder a los estados financieros de los años 2019 y 2020 ni tampoco a los informes de "rendición de cuenta anual", por lo que no se pudo verificar la situación financiera y patrimonial de este organismo.

A esto se sumó, detalló el informe, una serie de problemas para obtener "los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas"; mientras que tampoco se pudo verificar el proceso con el que se contabilizan las cuotas mensuales de los socios, y los inventarios y la valorización de los medicamentos que se compran.

Las irregularidades registradas provocaron que exista una auditoría por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien deberá asignar a un persecutor para que indague si existen delitos de la Archifap en relación a presuntos desvíos de dineros públicos.

CONFUSIÓN CON MUNICIPIOS "ASOCIADOS"

Otro de las irregularidades que denunció este informe de Contraloría, es que las Farmacias Populares "no tiene un control administrativo de sus socios y sus aportes. Solo cuenta con un archivo Excel, el que no contiene la fecha de incorporación de cada municipalidad, copias de actas donde se acordaron incorporación, ni las cuotas pagadas por cada socio, ni la totalidad de sus integrantes".

El medio antes citado informó, además, que el órgano liderado por Jorge Bermúdez detectó una falta de orden para registrar los municipios asociados y sus aportes: de 345 consultados, cinco de ellos dijeron que no estaban informados de ser parte de la Archifap, pese a que realizaron pagos por 69.330.408 de pesos en los últimos dos años.

A esto se sumaron otras irregularidades en la materia, dado que cerca de una veintena de municipios dicen no ser parte de las Farmacias Populares pero aparecen como socios, mientras que en otros casos dicen ser socios y no aparecen en los registros como tal. La situación provoca problemas en las finanzas de la Archifap, por lo que, al ser dineros públicos, el contralor Bermúdez dejó los antecedentes en manos del CDE.

FÁRMACOS CONTRA EL COVID-19 Y LA NO DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTO PROHIBIDO

La Tercera PM detalló que el informe de Contraloría también encontró problemas para corroborar los convenios que se firmaron para adquirir el polémico medicamento Avifavir, impulsado en Chile por Jadue para el combate del Covid-19, y también de otro de similares características: Interferón.

"El municipio de Recoleta suscribió un convenio para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul aportando 10 millones de pesos", explicó el documento. A esto se suma el acuerdo entre Recoleta y Macul por 240.476.800 y 150.000.000 de pesos, respectivamente, para adquirir el Avifavir.

Por este último acuerdo entre ambas comunas, se detalló que existe un saldo pendiente de ejecución de más de 15 millones de pesos.

Mientras que también existe una millonaria deuda de la Archifap con la Universidad de Concepción por estudios que se mandaron a realizar sobre estos medicamentos y su efectividad contra el Covid. La auditoría indicó que del total de 215.476.800 de pesos, solo se han pagado 25 millones de pesos.

Finalmente, se dio a conocer que en la fiscalización se encontraron 1.299 dosis de Interferón en el municipio de Recoleta, pese a que el ISP había prohibido "fabricar, comercializar y distribuir el medicamento por ser un riesgo para la salud de la población ordenando su destrucción".