El senador Enrique van Rysselberghe llamó al gobierno, y particularmente a la Ministra del Interior, Izkia Siches, a que reponga el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, luego de que encapuchados del Movimiento Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) quemaran 16 casa y 2 camionetas en el sector de Paillawe, a orillas del lago Lanalhue, en la comuna de Contulmo.

El senador por la Región del Bio Bio señaló que “este nuevo atentado solo viene a reafirmar que en la Araucanía y la provincia de Arauco se vive una gran crisis de seguridad en la macrozona sur, ante la cual el nuevo gobierno solo se ha limitado a anunciar el fin del estado de excepción, pero sin decir nada sobre cómo garantizará la seguridad de los vecinos.

Para van Rysselberghe, lo esperable por parte del gobierno era que “junto con la salida de los militares de la zona el pasado 26 de marzo, las autoridades anunciaran un potente paquete de medidas para resguardar a los vecinos de la provincia de Arauco”, situación que inexplicablemente no sucedió, dejando a los habitantes de la zona en la mayor indefensión frente a movimientos extremistas como la RML.

Esta situación es impresentable, ya que “desde que asumió el nuevo gobierno advertimos que lo que no podía pasar es que se terminara el estado de excepción y volviéramos a la situación inicial, donde los vecinos de la provincia de Arauco quedan en la indefensión y viven diariamente con temor de ataques a sus familias, sus viviendas y a ser blanco de disparos al desplazarse por los caminos”, situación que hoy se vivió en la comuna de Contulmo.

Es por lo anterior, que el senador van Rysselberghe, emplazó al gobierno a “reponer el estado de excepción, ante su incapacidad de proponer e implementar un plan potente de seguridad para la Araucanía y la provincia de Arauco, de manera de asegurar la integridad física y patrimonial de sus habitantes”. 

Finalmente el senador gremialista, volvió a reiterar su propuesta de que el ejecutivo realice una consulta ciudadana en la macrozona sur, para conocer la opinión de los ciudadanos frente a la extensión del estado de excepción en la zona, como una forma de escuchar de forma efectiva a los principales afectados de la violencia y terrorismo que vive en la zona.