En el marco de la cargada agenda económica de esta semana, uno de los proyectos de ley que está generando un intenso debate en el Congreso es aquel que busca modificar el sistema de gratificaciones de las empresas.

Se trata de una moción parlamentaria que fue presentada en noviembre de 2019 por el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez (PR), junto a un grupo de diputados de todos los sectores políticos.

El eje central de la iniciativa, que figura en su primer trámite constitucional, busca aumentar el pago de gratificaciones de las firmas a sus trabajadores. La actual legislación establece dos mecanismos opcionales para el cumplimiento de la obligación del empleador de gratificar, uno previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo, y el otro, en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

El primero determina la obligación de gratificar anualmente a los colaboradores en una proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes, mientras que el segundo fija un método alternativo de pago, que consiste en el 25% del suelo anual, con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

Puesto que en la práctica las compañías nacionales emplean en su mayoría la segunda alternativa, la propuesta que se discute en el Congreso introduce cambios sustantivos, a fin de que efectivamente las empresas distribuyan entre sus trabajadores el 30% de las ganancias obtenidas.

Para ello, el texto plantea eliminar el tope actual de 4,75 ingresos mínimos mensuales y se agrega que la suma total devengada a los trabajadores no podrá ser inferior al 30% de las utilidades.

Así, luego de permanecer estancado por un largo tiempo en el Parlamento, a propósito del arribo de la pandemia, el análisis de los bonos de cargo fiscal, el IFE, entre otras medidas, el mes pasado la comisión de Trabajo de la Cámara reactivó su revisión, exhibiendo posturas distantes entre el gran empresariado y los gremios de trabajadores.

Es más, hace una semana, el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, sostuvo que el proyecto, además de ser inconstitucional, afirmando que los aumentos o cambios a las remuneraciones es una facultad exclusiva del Presidente de la República, también dijo que esta coarta la libertad de las empresas. Sumado a esto, declaró que cualquier cambio al sistema de gratificaciones debe implementarse de manera gradual.

Luego de esto, el pasado martes se llevó a cabo una sesión que contó con la participación de la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El gremio de los industriales estuvo representado por su presidente, Richard Von Appen, el economista Rodrigo Mujica y el consejero Óscar Hasbún, quienes, durante su exposición, advirtieron sobre el impacto que podría tener en el empleo establecer un régimen general de tales características.

De esta manera, Hasbún aseguró que la medida "puede generar un incentivo a la informalidad laboral o la informalidad contable, sobre todo en empresas más pequeñas, aumentaría la automatización y digitalización de operaciones que hoy en muchas industrias es muy factible (…) es un desincentivo a la contratación de gente aumentar los costos del recurso humano de manera importante" y añadió que, en la práctica, la iniciativa "es un impuesto más a la utilidad".

No obstante, desde la CUT indicaron estar de acuerdo con el proyecto, y según explicó el vicepresidente del gremio, Juan Moreno, "hay una amenaza de que esto es un impuesto, siempre está esa amenazada de que impactará en el empleo y en la automatización".

Adicionalmente, afirmó que el problema actual radica en que hay un universo de trabajadores que reciben sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Con el fin de avanzar en la tramitación de la moción parlamentaria, la Sofofa presentó nuevos lineamientos para lograr que las modificaciones del proyecto de ley tengan un impacto medible, concreto y redistributivo.

En concreto, el gremio industrial defendió la idea de reducir el porcentaje de la utilidad líquida a repartir establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo para acercarlo a la evidencia internacional, a la vez que sugirió incrementar gradualmente el porcentaje de la remuneración y el límite o tope legal establecido en el artículo 50, para que beneficie a todos los trabajadores, sobre todo a los que reciben sueldos más bajos y que sea redistributivo.

Finalmente, también planteó gradualidad en su implementación y mantener la regulación vigente para las pymes, las cuales se encuentran protegidas por un estatuto especial.

Al respecto, Von Appen aseveró "estamos alineados respecto de mejorar las remuneraciones más bajas, tenemos que buscar los mecanismos para hacer eso.

La única preocupación que tenemos es qué efecto puede tener esto en la competitividad de las empresas y en el empleo, dada la situación actual. Esas son las cosas que hay que medir, pero nosotros acá queremos hacer nuestro aporte".