En el marco de su vivista en la Región del Biobío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la crisis en materia de seguridad en la macrozona sur, manifestado que asociar los últimos hechos de violencia registrados en la zona, al fin del estado de excepción, "es un juicio completamente prematuro".

El secretario de Estado se refirió a lo anterior luego de sostener un encuentro con el comité policial en la ciudad de Los Ángeles, instancia en la que participaron el gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y otras autoridades locales, además de representantes de ambas policías.

La cita, se dio luego de que durante la jornada de ayer el subsecretario no pudiera concretar su visita a la localidad de Cañete, en la Provincia de Arauco, a raíz de incidentes en el sector, y luego de que durante la madrugada se registrara un nuevo ataque incendiario en la Ruta 90-P, que une Capitán Pastene con Lumaco, dejando tres camiones completamente destruidos.

En ese contexto, el ministro manifestó que "muchos vinculan que los hechos ocurren producto del término del estado de excepción.

Creo que ese es un juicio completamente prematuro". "Estado de excepción hubo por más de cinco meses y durante el estado de excepción lamentablemente vimos hechos de violencia extraordinaria y también con resultados fatales. Quiero primero decir que me parece completamente irresponsable emitir juicios tan determinantes en un periodo tan breve", agregó al respecto.

En ese sentido, sostuvo que "lo que sí puedo decir es que hoy día, en el caso de la región de La Arucanía, en el caso de la provincia de Arauco y en la caso de la provincia del Biobío, las policías cuentan con mayores capacidades operativas que las que tenían hace dos semanas y con mucha más capacidad operativa para proteger la seguridad de las personas en las rutas de las que se tomaban hace un año".

Con lo anterior, enfatizó en que "hemos tomado decisiones, se las hemos informado a los alcaldes (...) no podemos garantizar, yo creo que nadie hoy día está en condiciones de garantizar que no ocurrirá ningún hecho de violencia.

Lo que sí el Gobierno puede garantizar es su decisión, total y absoluta de proteger la seguridad de las personas, y segundo, de fortalecer las medidas preventivas y las capacidades de las policías para la prevención y el control de la seguridad pública".