La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención se encuentra votando en particular las nuevas propuestas que enviarán al pleno la próxima semana. Se trata del bloque en el que se definen los órganos autónomos como el Banco Central y el Servel, y materias fundamentales para el sistema de justicia, como el Ministerio Público.

En ese contexto, la comisión aprobó este lunes el fin de la figura del Fiscal Nacional, pues en el nuevo diseño, la conducción del Ministerio Público la tiene un "Consejo Superior" de siete integrantes.

"La dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo", se lee en la primera indicación aprobada por 13 votos a favor, 6 en contra y sin abstenciones. La composición aprobada de este consejo (visada por 12 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención) será: tres integrantes "elegidos democráticamente" por las y los fiscales entre sus pares; uno elegido de la misma forma por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público; y tres elegidos por el "Congreso Plurinacional" a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, que no podrán haber desempeñado ni haber sido candidatos a cargos de elección popular, o haber trabajado en el gobierno o administración del Estado en puestos de confianza del Presidente. Estos durarán cuatro años, sin posibilidad de reelegirse.

Las atribuciones del Consejo Superior serían dirigir el Ministerio Público, supervigilar la política de persecución penal, evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios, designar presidente, fiscales regionales, adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público, definir necesidades presupuestarias, entre otros.

En tanto, también se aprobó (14-4-1) la existencia de un "Comité" del Ministerio Público, encargado de "fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos", compuesto por el presidente del Consejo Superior y los fiscales regionales.

"Como sector éramos de la idea de si bien dotar de más atribuciones al Consejo Técnico que hoy existe pero no eliminar la figura del Fiscal Nacional, ya que este se diluye en esta figura colegiada que habrá ahora, con siete integrantes, y no nos parece adecuado seguir aumentando este aparato burocrático.

La gente quiere soluciones y no quiere más autoridades en los cargos ni que se invierta en estas nuevas figuras", argumentó Ruth Hurtado (Chile Libre), una de las integrantes de la comisión. Según Hurtado, "al nombrar este Consejo Superior lo que se hace es diluir las responsabilidades, diluir el poder y tenemos que tener claro que el Ministerio Público tiene relación con muchas otras instituciones y organismos, y esta manera de diluir el poder a nuestro parecer generará algunos problemas en cuanto a la gestión y a la eficacia, que es lo que se busca".

Las aprensiones sobre la eficiencia del consejo y la burocracia que implicaría fueron criticadas por Christian Viera (Ind. FA), coordinador de la comisión y uno de los impulsores de la propuesta, quien señaló que "ese argumento tiene mil años, se encuentra en la Suma Teológica y es un argumento atendible en la Edad Media.

Sin embargo, uno debería confiar es en la virtuosidad de los procesos que supone los procesos de toma de decisión colectivos, porque en ese sentido, cuando hay más voces, el discernimiento que nos ocurre es más hondo y permite otros puntos de vista", contestó.

"Hemos visto y sido testigos en estos años que precisamente el problema desde la perspectiva de la política criminal y la gestión ha estado asociada a la unipersonalidad. Si se mira el consejo, participan los fiscales, el sistema político y los funcionarios, y lo que favorece la virtuosidad de la colegialidad, es que los puntos de vista que permiten ser complementados y discutidos.

Enhorabuena que los procesos de toma de decisión aumenten hacia la colegialidad y no unipersonalidad", sumó. Con esta aprobación, las normas quedan en condiciones de buscar los 2/3 en el pleno. Si logran sumar al menos 103 votos, se convertirán en texto del proyecto de nueva Constitución.