La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, viajará este domingo a La Haya (Países Bajos) para participar de las audiencias públicas antes del largamente postergado juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Los alegatos orales, a realizarse entre el viernes 1 y el jueves 14 de abril, "se dedicarán a (evaluar) los méritos del caso, incluidas las contrademandas ingresadas por Bolivia" en agosto del 2018, cuando Evo Morales seguía en el Ejecutivo, según lo estipulado por el tribunal de Naciones Unidas.

Debido a la situación de pandemia del coronavirus, las audiencias se realizarán en un formato híbrido: algunos miembros de la corte asistirán a las vistas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros participarán de forma remota, explicó la CIJ.

A su vez, los representantes de ambas partes del caso, así como los expertos convocados por ambas partes, podrán participar presencial o telemáticamente.

Chile, que interpuso la demanda en junio de 2016, abrirá y cerrará la ronda.

En la víspera de su viaje a La Haya, la canciller Antonia Urrejola encabezó el miércoles en La Moneda la primera reunión del consejo asesor para la defensa chilena desde que asumiera el Presidente Gabriel Boric.

"Este caso tiene la particularidad de que ambas partes han presentado expertos científicos y ellos van a ser interrogados en presencia de la corte. Otra particularidad son los horarios en que se realizarán los alegatos y el modelo de presencialidad híbrida, por lo que solo estarán presentes en el Palacio de la Paz algunos jueces y abogados, y otros estarán conectados de forma remota, debido a los aforos por pandemia", explicó Fuentes, también agente de Chile en La Haya.

En su intervención, la subsecretaria compartió un resumen del caso Silala, para luego abordar el contenido y dar espacio a las sugerencias en la materia de parte del consejo asesor.

Entre los asistentes estuvieron el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig; el director nacional de Fronteras y Límites del Estado, Carlos Dettleff; el embajador José Miguel Capdevila; los ex subsecretarios Alberto Van Klaveren y Edgardo Riveros, y, de manera telefónica, la co-agente Carolina Valdivia.

Asimismo, participaron autoridades de los distintos poderes del Estado, diplomáticos, representantes del mundo académico, de las Fuerzas Armadas y de organismos que hacen seguimiento a los casos en la corte ubicada en La Haya.

El sitio web de la CIJ y el canal virtual de las Naciones Unidas (UN Web TV) transmitirán en vivo las audiencias.

CRONOLOGÍA DEL CASO

El juicio se aplazó en abril del 2020 -sin fecha estimada- debido a la expansión del Covid-19, y en ese entonces, fuentes diplomáticas consultadas por EFE estimaron que las vistas orales se atrasarían hasta el segundo semestre de ese año.

Chile decidió llevar el asunto del Silala al tribunal de La Haya en 2016, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, denunciando a Bolivia para impedir que el país vecino detuviera el flujo de este cauce de agua hacia su frontera, y solicitando a la CIJ declarar que el reparto del recurso natural debe hacerse "de forma equitativa y razonable".

Las contrademandas ingresadas por La Paz en 2018 plantean que las aguas del Silala fueron canalizadas hacia la frontera debido a unas obras hechas por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920, versión que Chile rechaza.

Según La Moneda, las aguas fluyen hacia el territorio de forma natural por la pendiente del terreno, y las citadas obras se hicieron con permiso del gobierno boliviano para evitar la contaminación del Silala.

La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, pues la Cancillería del gobierno interino de Jeanine Áñez aseguró que durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Morales indicó que "una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional", declaración aplaudida por la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022).

CONTUNDENCIA CIENTÍFICA

El ex ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo Gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz (PPD), destacó la contundencia científica e histórica de la memoria que presentó nuestro país ante La Haya.

"Está basada primero en la ciencia: una pendiente que hace que este curso de agua sea de carácter internacional", comentó el otrora jefe de la diplomacia nacional. 

"Hasta mediados de los años 90, Bolivia reconocía que este era un río internacional; de hecho, en el mapa del Tratado de Paz y Amistad de 1904 figura el río Silala con ese nombre y que exista un uso razonable y equitativo. Chile no está diciendo que este es un río de Chile", agregó. 

EL PROBLEMA DE BOLIVIA

Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, enfatizó que cuando el tribunal confirme el uso internacional del río Silala será el aprovechamiento de Bolivia el que deberá acotarse, al no poder afectar al uso chileno.

"El problema de Evo Morales es qué hacíamos nosotros con el agua, por qué él sólo podía administrar las aguas que están en su territorio. Si el río es internacional, como lo va a declarar la corte, lo que nosotros hagamos con el agua es de bien poca importancia y lo que haga Bolivia con el agua sí efectivamente tiene que ponerse de acuerdo con Chile", sostuvo el profesor. 

LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

"El Silala ya a esta altura es un tema técnico y va a ser bien resuelto, creo yo. No va a mejorar ni empeorar las cosas", afirmó el ex ministro de RR.EE. durante el Gobierno de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza. 

"Yo espero que Bolivia comprenda de una vez que sin relaciones diplomáticas las cosas son más difíciles aún. Ellos no ganan nada no teniendo relaciones diplomáticas con Chile", apeló el senador socialista.