La Secretaría de Participación y Consulta Indígena entregó el informe final con los resultados de la consulta indígena que llevó a cabo la Convención Constitucional. Según los datos oficiales que comunicaron hoy, participaron en total 7.549 personas en los 19 días que duró el proceso.

En tanto, el monto que "comprometió" finalmente el órgano constituyente para la ejecución de la consulta fue de $269.349.844, desglosados en $32.770.731 para gastos operacionales (traslado y alimento) y $236.579.113 en honorarios por celebrar.

Esto es un 27% de los fondos que la Convención le transfirió al Consorcio de Universidades Estatales producto del "ahorro" al que se refirió hace un par de meses el ex vicepresidente Jaime Bassa, y está muy lejos de los $1.400 millones que se habían estimado inicialmente por parte de la mesa.

"Ha sido muy criticado este proceso, (se ha dicho) que no cumplió, que fue un fracaso. Pero no podría decir que este proceso fue un fracaso porque tuvimos un despliegue de 19 días. Si bien se nos dijo que iban a ser $1.400 millones los que estaban destinados para la consulta, el gasto que hicimos con cargo a la Convención, fueron $260 millones.

En comparación con otras consultas, que han gastado $2.300 millones, esto es nada", afirmó Cindy Quevedo (pueblo colla), integrante de la secretaría que diseñó la metodología y se encargó de implementarla. "No estamos contabilizando todo el gasto adicional que hicieron los municipios, gores, más los aportes de privados.

No se puede cuantificar lo que costó y claramente no cumple con los parámetros que los pueblos originarios merecemos y debemos aplicar en las próximas consultas (...) esto fue una consulta excepcional en la cual tuvimos que pasar prácticamente el sombrero, tuvimos que pedir muchos favores, gratis", agregó.

Los números de la participación

La participación que había estimado la secretaría era de 18.790 personas, lejos de los números finales, lo que explicaron en el informe que se pudo deber a "lo erróneo que fue dejar la coordinación en territorio en personas en comisión de servicio, el corto plazo de consulta y la aplicación de ella en tiempos de Carnaval, etc.". De hecho, en el documento se leen experiencias insatisfactorias por parte del pueblo yagán y del pueblo atacameño. En cuanto a los primeros, tuvieron problemas con las consultas realizadas en Punta Arenas y en Puerto Williams.

Los resultados de uno de los encuentros en Puerto Williams dice que en "este proceso ha sido un poco desorganizado y hace que la gente de los pueblos se sienta temerosos y dudosos ante la consulta". En el de Punta Arenas se lee que "lo mencionado en general tanto los principios y derechos no los entendimos no somos abogados ni personas con grandes estudios, no tuvimos una bajada de información adecuada, nuestra constituyente Lidia González solo se reunió con nosotros 2 veces, 1 hora donde no entregaba información".

Los atacameños, en tanto, acusan que "a pesar de que se hicieron solicitudes de requerimientos para los encuentros presenciales y telemáticos, nunca se obtuvo respuesta a ninguna solicitud. No sirve la orgánica de trabajo propuesta" y que "el proceso de consulta indígena coincidió con los tiempos de carnavales, lo que restó por cuatro días críticos la participación de grandes áreas de la Lickana.

Tomándose como un acto discriminativo respectos de estas prácticas patrimoniales". Desde la secretaría, además, afirmaron que como contaban con poco tiempo y escasos recursos, la prioridad para darle legitimidad al proceso fue "enfocarse en el mundo activo indígena, que están agrupados en organizaciones, comunidades". En cuanto a las conclusiones, el informe cuenta con 33 puntos demandados por los pueblos, sintetizados a partir de los resultados de las consultas.

Entre ellos, está "una representación efectiva frente al Estado"; derechos de "libre acceso al maritorio; endurecimiento de la normativa ambiental; que "se reconozcan las autoridades tradicionales y el derecho consuetudinario"; "Escaños reservados en los órganos del Estado y en las instituciones públicas"; y "Institucionaliadad (sic) como un ministerio", entre otros.

Asimismo, el documento muestra las respuestas de los participantes sobre un listado de derechos que la Convención quiso consultar. Los pueblos debían responder si estaban de acuerdo o en desacuerdo, y entre los derechos con mayor porcentaje de acuerdo están el "derecho de los Pueblos Indígenas a un recurso efectivo" y el "derecho a la comunicación". En tanto, el que más alto porcentaje de desacuerdo logró es el "derecho a las tierras, territorios y recursos naturales", que cosechó un 8.45%.

El convencional Eduardo Cretton (UDI) intervino en la comisión en la que se presentaron los resultados y valoró el trabajo hecho, pero criticó que "se está tratando de maquillar con el nombre 'consulta' un proceso de participación, bajo y que además, como señalaron las personas de la Secretaria Técnica, fue enfocado en el mundo políticamente activo que venía de las luchas. O sea, en los activistas indigenistas y los amigos de los escaños, y está lejos de representar el sentir de los pueblos indígenas".

En tanto, la presidenta María Elisa Quinteros intervino para decir que "me quedo con lo positivo de la consulta: hay un esfuerzo enorme de todas las y los hermanos de los pueblos que están más allá de esta comisión y de la secretaría (...) por supuesto hay que hacer el mea culpa y no debe ser un ejemplo para futuras consultas, sin embargo, es lo que teníamos en relación a los tiempos y creo que la autodeterminación que tuvieron los distintos pueblos pudo sacar adelante esto".

A partir de esta sistematización, la comisión debe tomar los resultados y proponer una serie de indicaciones o propuestas para incluir en el texto constitucional, las que deben ser votadas por el pleno de la Convención y, como toda norma constitucional, se aprueba con quórum de 2/3.