Tras lo ocurrido a la ministra del Interior, Izkia Siches, quien vio frustrada su visita a la comunidad mapuche de Temucuicui, en Ercilla, debido a disparos al aire perpetrados por desconocidos, desde el gran empresariado llamaron al Gobierno a que reconsidere su intención de no seguir renovando el estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde octubre en cuatro provincias de la macrozona sur.

Tanto la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) lamentaron el episodio, a la vez que plantearon que hechos como éste no sorprenden pues -dicen- es parte de la realidad diaria en la zona.

"El Gobierno ha querido levantar un punto de que esto es violencia política; yo creo que están equivocados, esto es terrorismo", opinó Juan Sutil, presidente de la CPC.

En ese sentido, relevó que "el estado de emergencia lo que permitió a muchas familias y personas fue sentir protección".

"Al final lo que muestra esto es lo que venimos diciendo desde hace años, y sobre todo la gente de La Araucanía, que esto es delincuencia, narcotráfico, gente que involucra la causa mapuche donde no lo es", deploró a su turno Cristián Allendes, lider de la SNA.

Luego del incidente que afectó a Siches, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en la necesidad de terminar con el estado de excepción en la macrozona sur, con el fin de "iniciar el camino del diálogo" con las comunidades del "Wallmapu".

La medida rige ininterrumpidamente desde el 12 de octubre en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, las dos que conforman La Araucanía. El actual período de 15 días inició el 12 de marzo, un día después del cambio de mando -la prórroga fue solicitada por el Gobierno saliente y aprobada por el Congreso el martes pasado-.