El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, recibió una citación formal a declarar en calidad de inculpado este 3 de marzo en el marco de la arista "Pasajes y Fletes" de la investigación por fraude en la institución castrense que encabeza la ministra en visita Romy Rutherford.

A diez días de entregar el mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga, Martínez conoció el oficio que lo convoca como presunto involucrado en las aristas "Pasajes y Fletes" -uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales- y "Gastos Reservados" -presunta malversación de recursos destinados a Seguridad e Inteligencia.

Como la justicia militar tramita con las reglas del sistema penal antiguo, Rutherford tiene la facultad de ordenar dejar al interrogado detenido por -al menos- cinco días antes de decidir si lo procesa o lo deja libre, incluso cuando el general se mantiene en sus funciones como comandante en jefe, decisión que podría ser inédita en la institución castrense.

Martínez ya fichó al abogado penalista Juan Carlos Manríquez para representarlo ante el tribunal militar, quien señaló al diario que su defendido "se halla abocado a sus deberes institucionales relativos a la pronta entrega del mando a su sucesor", y sin embargo, "a través de su representación legal, se encuentra atento al avance de los procesos judiciales en que pudiera decretarse alguna diligencia que suponga su intervención".

LO RECABADO POR LA PDI

La ministra Rutherford estaba esperando un informe policial acabado respecto a los viajes de Martínez para citarlo a declarar, y en total, la PDI pesquisa 15 traslados registrados entre 2009 y 2019, analizando en cuántos de estos hubo conductas irregulares con los fondos que le fueron otorgados para salir del país.

En base a los procesamientos de otros generales en la causa, el modus operandi para la presunta defraudación consistía en que una agencia de viajes preparaba las salidas, buscaba pasajes con escalas duraderas y a un menor precio de lo presupuestado, de manera que existía una diferencia de dinero que muchas veces terminó en los bolsillos de los altos funcionarios, algo que según el Ejército fue una "práctica errónea".

Martínez deberá responder sobre dicha práctica, así como sobre algunas declaraciones de otros funcionarios ante la jueza, quienes indicaron que el general viajó con su esposa hacia actividades sin compañía extra, instancias en que el pasaje habría sido financiado con fondos públicos.

Por otro lado, también está en la mira de la Justicia el que Martínez fuera uno de los que depositaron con nombre y apellido en una cuenta corriente dispuesta por el Ejército para que, quienes hubieran obtenido dinero en base a esta práctica, lo devolvieran personal o anónimamente.