Con miras a las nuevas sesiones que celebrará el pleno de la Convención Constitucional para discutir las normas que se incluirán en la propuesta de Carta Magna, las comisiones temáticas continúan revisando las normas que presentarán para ser votadas.

Esta jornada fue el turno de las comisiones de Medio Ambiente y Sistema Político, que sesionaron por primera vez un día sábado, tras la modificación que se realizó al reglamento del órgano el pasado miércoles para agilizar el proceso.

En el caso de Medio Ambiente, que en la semana logró la aprobación sólo de medio artículo de 40 normas propuestas al pleno, se analizaron principalmente disposiciones relacionadas con la minería.

Así, se aprobó en general la iniciativa popular de norma sobre la "Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro", por 10 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazaron las letras L, H y J, relacionadas con la composición de los directorios de las empresas, sobre el uso de tecnologías limpias y la distribución de los excedentes generados por la minería. Junto con esto, fue visada la propuesta sobre "Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos", que obtuvo 10 votos favorables, 4 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazó el inciso 3 del artículo 1, que extiende la norma a "recursos naturales, yacimientos o bienes de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional". Tampoco alcanzaron los votos la "Socialización" de la minería y el "Derecho a la propiedad privada".

Ahora, las normas deberán ser debatidas en particular por la comisión antes de ser despachadas al pleno, donde deben obtener los 103 votos correspondientes a los 2/3 de los convencionales para ser ingresada en la propuesta de Constitución.

En la comisión de Sistema Político, en tanto, se aprobaron nuevas facultades para el Consejo Territorial, como el inciso que indica que "la Presidenta o Presidente del Congreso Plurinacional enviará el proyecto aprobado a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación y, en caso de tratarse de una ley de acuerdo regional de conformidad con el artículo XX, para su tramitación por el Consejo Territorial".

Asimismo, sobre la tramitación de las leyes de acuerdo regional, se estableció que éstas "deberán ser aprobadas por el Consejo Territorial en el más breve plazo desde que fueren recibidas. De no entregar o negar su aprobación en el plazo establecido en la ley, se entenderá que el Consejo aprueba el proyecto y será remitido al Presidente para su aprobación.

Este plazo no regirá en el caso de la tramitación de la ley de presupuesto anual. Si el Consejo Territorial negare su aprobación, podrá formular enmiendas que serán remitidas al Congreso Plurinacional. Si el Congreso Plurinacional no aprobare una o más enmiendas, el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República deberá convocar a una Comisión Mixta integrada por igual número de miembros del Congreso Plurinacional y del Consejo Territorial para resolver las discrepancias".También se apoyó una "Ley del Congreso Plurinacional y del Consejo Territorial".

"Una ley regulará el procedimiento de tramitación de las leyes. La ley deberá establecer los mecanismos de deliberación y decisión por el Congreso Plurinacional y deberá asegurar la participación y promover la deliberación popular durante su tramitación de acuerdo a lo establecido en esta Constitución".