El pasado 31 de enero fueron declaradas admisibles las querellas por usurpación de aguas presentadas por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes, y la empresa Colbún S.A., en contra de personeros de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (Canal Zañartu o la Asociación) por la extracción ilegal de agua que ha venido realizando dicha asociación.

El fundamento de la acción penal radica en el aprovechamiento ilícito de los caudales en la Cuenca del Laja por parte de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu que, sin título para ello, se ha apropiado de aguas para su quehacer productivo, en forma reiterada, todo esto en incumplimiento de la normativa y trasgrediendo lo sentenciado por los Tribunales.

Según explica Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes (JVRD), el año 2019 se presentaron denuncias por extracciones ilegales de agua y modificaciones no autorizadas de cauces natural y artificial. La querella por usurpación de aguas se presentó en el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público a raíz de la dictación de la Resolución N°439 de 2021, por la que la Dirección General de Aguas acogió la denuncia presentada por Colbún en contra de dicha asociación”.

Villagra detalló que esta usurpación de aguas afecta directamente al Canal Laja Diguillín que es una obra de riego estatal, construida a inicios del año 1990, que beneficia a más de 4 mil pequeños y medianos agricultores, asegurándoles el acceso a riego para sus cultivos, y con ello su subsistencia y la producción de alimentos.

Afectación transversal

Adicionalmente, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, menciona que en esta querellas presentadas se alude a las modificaciones de cauces natural y artificial que ha realizado el Canal Zañartu sin autorización de la DGA y con fondos del Estado de Chile a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR). Las obras permitieron un aumento significativo de la capacidad de conducción del Canal Zañartu, entidad que sin título ni autorización ha pretendido justificar esta intervención ilegitima en el amparo de la Circular DGA N°1 del 2017 -relativa a reparaciones y mantenciones de obras-, que en ningún caso justifica el aumento de la capacidad de conducción del canal ni las modificaciones de un cauce natural.

Los hechos constatados son concordantes con la Denuncia por Extracción Ilegal de Aguas, donde se constató que las extracciones del Canal Zañartu no pueden exceder de un caudal máximo de 22,6 m3/s.

Las obras construidas sin autorización además representan un potencial riesgo para la población y bienes cercanos, entre las cuales se encuentran casas, puentes, empresa de piscicultura y camino, explicó Juan Carlos Villagra.

Además de incurrir en un delito, las aguas que son usurpadas por el Canal Zañartu dejan de llegar a varios pequeños y medianos regantes, pertenecientes a distintos sectores productivos de la cuenca.

Otro de los sectores fuertemente perjudicados por esta apropiación es el turístico, rubro cuya labor se intensifica en la época estival. Los servicios, productos y emprendimientos de la cuenca, en particular en torno al Salto del Laja, observan con extrema preocupación y alerta periodos donde el río presenta un bajísimo caudal.

“Nosotros vivimos del turismo. La pandemia y el actual contexto de sequía nos han afectado mucho. Con preocupación vemos que el río trae un bajo caudal, lo que se agrava con estas conductas egoístas, que ponen en riesgo el sustento de las más de seis mil personas que nos dedicamos a esto”, sentenció José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo del Laja.

Las querellas se presentaron ante el Juzgado de Garantía de Yungay y deben ser investigadas por el Ministerio Público.

Se espera que estas acciones judiciales puedan detener definitivamente la usurpación de agua que desde hace tiempo realiza el Canal Zañartu y, junto a ello, que los entes fiscalizadores se allanen a dar cumplimiento a las sentencias judiciales dictadas en relación a este asunto.