Un preocupante aumento de agresiones al personal de salud se ha registrado durante las últimas semanas, en medio de la alta congestión que registran los recintos sanitarios por los contagios covid-19 y otras patologías. Si bien estas situaciones no son inéditas, los golpes e insultos que han recibido los funcionarios en lo que va del año ha llevado a que en algunos centros de Atención Primaria de Salud se haya solicitado mayor presencia policial y campañas para frenar la violencia.

Este fue el caso del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Doctor Héctor García, de la comuna de Buin, Región Metropolitana. Un video viralizado en redes sociales durante la semana pasada, muestra a una mujer agrediendo física y verbalmente a una psicóloga del recinto. Más tarde, sus compañeros afirmaron que si bien se enfrentan constantemente a insultos, los golpes han ido en aumento.

"Es primera vez que como centro de salud nos vemos expuesto a maltrato físico. La agresión verbal es algo que ha ido en aumento y es algo que uno repudia constantemente", afirmó a Meganoticias la directora del recinto, Rebeca Prieto. Asimismo, afirmó que luego del hecho, "Carabineros nos está apoyando todos los días".

El 29 de enero, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Norte de la comuna de Los Ángeles, debió cerrar sus puertas durante una jornada a la espera de obtener resguardo policial permanente.

Esto, porque en la madrugada un hombre en estado de ebriedad agredió al equipo de urgencias y provocó destrozos en el recinto. Asimismo, hubo denuncias de que un grupo de personas armadas se mantuvo rondando en el lugar, para amedrentar a los funcionarios. Sólo nueve días después, se viralizó otra agresión, esta vez en el Cesfam Lomas Coloradas de San Pedro de La Paz, en la Región del Biobío. Allí una mujer agredió en el rostro a un enfermero y un kinesiólogo, por lo que una guardia debió intervenir para sacarla del lugar.

Las demandas de los gremios en seguridad

La vicepresidenta del Colegio Médico, doctora Inés Guerrero, condenó la agresión en Buin y lamentó "esta preocupante alza de las agresiones contra el personal de salud, como hemos visto en los últimos días. Los recintos de salud deben ser espacios libres de violencia y deben ser cuidados por toda la comunidad".

"Obviamente en estas condiciones estamos con más tiempos de espera y eso aumenta la frustración de las y los usuarios Asimismo, recalcó que la red asistencial está viviendo un "momento complejo, de alta demanda", por lo que llamó a la autoridad a "tomar medidas para descongestionar los centros, evitar que los pacientes tengan reacciones de este tipo, pero especialmente invertir en seguridad y protección que permita cuidar la integridad tanto de los usuarios como del personal de salud".

En tanto, Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), remarca que "estamos en un punto crítico de la pandemia con récord de casos y mucha gente enferma en sus casas sin orientación sobre qué hacer. Los servicios de urgencia de la atención primaria SAPU y SAR están colapsados por falta de insumos y falta de personal, ya que el ministerio no traspasó recursos para mantener los refuerzos". "Obviamente en estas condiciones estamos con más tiempos de espera y eso aumenta la frustración de las y los usuarios", recalca.

Por otro lado, recordó que han solicitado en varias oportunidades al Ministerio de Salud que "a través de resoluciones o comunicados, se establezca la responsabilidad asociada a las denuncias por agresiones. Queremos que se cumpla la ley y se sancione a los agresores". Asimismo, afirmó que es importante que estos recintos cuenten con botones de pánico, para que los guardias puedan acudir oportunamente a proteger a los funcionarios.

La profesional criticó que "una de las falencias muy grandes que tenemos es que cuando se llama a Carabineros, ellos llegan una hora después, cuando ya no hay nada más que hacer".

Carol Poblete, presidenta de la Fenats, comenta que en algunos recintos ya se han instalado dispositivos de pánico pero "no son suficientes; la autoridad nos dice que no hay recursos para instalar más.

Hace falta un mayor compromiso respecto a la seguridad de los funcionarios". Asimismo, pide que la autoridad se sume a las querellas necesarias en contra de agresores, "para que la población empiece a darse cuenta que agredir a un funcionarios no es una situación que les salga tan gratis".

Esto, porque si bien cuentan con la ley "Consultorio seguro" que sanciona a quienes agregan a personal de salud, "muchas veces los directores de servicio no denuncian y las pocas que se hacen, tampoco llegan a puerto. Al final, es el propio funcionario el que debe pedir permiso para hacer la denuncia y buscar a sus propios abogados", subrayó.