La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que declara la nulidad "de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica" que recaigan sobre bienes naturales "ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta".

La iniciativa es una propuesta de artículo transitorio para la nueva Constitución, promovida por los convencionales del pueblo mapuche Natividad Llanquileo, Victorino Antilef y la machi Francisca Linconao, pero tiene las firmas de otros cuatro escaños reservados, dos integrantes de Chile Digno y otros independientes.

En la comisión, se visó con 11 votos a favor, seis en contra de Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega(RN), y dos abstenciones de Juan José Martin (INN)y Carolina Sepúlveda (INN). Los permisos decretados como nulos se reevaluarán en un plazo "no mayor a dos años", y después de los "correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional".

La comisión de saneamiento, catastro y restitución

Otro de los artículos transitorios que propone la norma y se aprobó es uno que establece la creación y el financiamiento por parte del Estado de una comisión encargada de desarrollar las bases de una "política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados".

Esta deberá constituirse dentro de los primeros cinco meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, tendrá representación "proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado" y su función será informar al Gobierno sobre las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Conadi, pendiente de ejecución, "para que en el plazo de 8 meses se concluya su adquisición".

El texto establece que "aquellas tierras indígenas históricas catastradas que estén en posesión del Fisco, serán transferidas a título gratuito a las comunidades indígenas respectivas dentro de un plazo máximo de dos años, una vez que presenten solicitud ante el organismo correspondiente designado por la Comisión a que hace referencia este artículo".

La base de esta política tendrá que priorizar "preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural".

Este se aprobó con 13 votos a favor, cuatro votos en contra de Roberto Vega, Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez y Pablo Toloza; más una abstención de Trinidad Castillo.

Con esta aprobación, la norma queda habilitada para avanzar hacia la discusión en particular, lo que permitirá que se le ingresen indicaciones. De ser aprobada en esa instancia nuevamente, pasa al pleno de la Convención, donde necesitará de 2/3 de los constituyentes para integrar el proyecto de nueva Constitución.