El Terrorismo ha remecido a los habitantes de la Macrozona Sur durante la última semana -que dejó cuatro fallecidos y un herido en el contexto del conflicto territorial- es uno de los principales temas que deberá afrontar el nuevo gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

A pocas horas de que el presidente electo Gabriel Boric designara a sus 24 ministros, dirigentes gremiales y de víctimas, representantes de comunidades indígenas y un vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) analizan el rol del nuevo gobierno en la zona. Y fue justamente esta organización la que fijó condiciones para dialogar con la nueva ministra del Interior, Izkia Siches.

La futura autoridad, entre otras materias, será responsable de coordinar el trabajo con las policías en la zona, definir las estrategias de seguridad para afrontar los hechos de violencia en la zona y decide el curso de las acciones penales frente a tipo de ataques. También jugará un rol clave en la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur.

El 30 de diciembre pasado, y previo a su designación en Interior, Siches había manifestado que “esperamos que haya un diálogo muy profundo. Me tocó visitar La Araucanía. Creo que tenemos que hacer un trabajo público y diálogo, diálogo, diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

Pasadas las horas y tras conocerse el nuevo gabinete, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y lonko de la comunidad Temulemu, de Traiguén, Juan Pichún, condicionó un eventual diálogo de la CAM con el nuevo gobierno: “Si hay un diálogo no sólo por juntarse, sino donde se tomen decisiones francas con respecto a lo que nosotros hemos venido planteando como movimiento mapuche autonomista, si se dan esas decisiones políticas que se puedan tomar, tal vez puede existir algún momento de diálogo, pero bajo esas condiciones”.

En relación al incremento de la violencia en la Macrozona Sur, Pichún aseguró que “nosotros no hemos llamado a la violencia, nosotros lo único que hemos hecho es ejercer el control territorial, que el propio Estado nos ha quitado y nos ha negado”.

Para el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, “los contratistas forestales somos las principales víctimas (de la violencia), y creemos que es necesario dialogar. Pero la violencia debe quedar fuera de la mesa. Invitamos a la ministra a visitar la zona y dialogar con nosotros, para buscar salidas a este conflicto que ya se instaló en la Macrozona Sur hace 30 años”.

Por su parte, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, pidió que “la ministra converse con todas las partes y se forme una opinión de lo que pasa acá, antes de actuar. Y, sobre todo, debe formarse la opinión muy luego, porque están pasando cosas graves y esto puede pasar desde el día uno en que ella haya asumido”.

Por su parte, la consejera electa ante Conadi, Ana Llao, resaltó que “de acuerdo a los mensajes que ha entregado el gobierno de Gabriel Boric, no se va a continuar con la misma política con que está terminando el gobierno de Sebastián Piñera, con estado de excepción, con militares en las carreteras, en las comunidades y, sin embargo, siguen sucediendo cosas. Es bastante extraño este tema que está sucediendo hoy día”.

Durante la jornada del sábado, el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que el gobierno insistirá en mantener el estado de excepción para las cuatro provincias de la Macrozona Sur hasta el 11 de marzo, fecha en que termina su mandato.

“El estado de sitio tal como lo dijimos en su oportunidad cuando también hubo gente que lo solicitó, para nosotros no es viable implementarlo, menos en el tiempo que queda de aquí al 11 de marzo. Pero sí nosotros vamos a seguir solicitando el estado de excepción constitucional con respecto a poder brindar la seguridad”, aseguró Delgado.

La autoridad agregó que “el gobierno electo ha declarado en más de una oportunidad que ellos piensan no renovar el estado de excepción, es una facultad de ellos. Nosotros como gobierno creemos que ha sido una estrategia importante de implementar, pero en esto cada gobierno tiene sus definiciones y ellos por supuesto a partir del 11 de marzo pueden tomar la que estimen pertinente”.