Nacional
Crónica
12/01/2022
Una situación insólita fue anunciada en un informe de la Contraloría, evidenciando que lista de los beneficiarios del Bono Covid en 2020 figuran 60 fallecidos al momento de entregar el dinero y más de 40 concejales en ejercicio que no cumplían con los requisitos.
Este bono covid tenía como condición que la persona debía integrar un hogar perteneciente al 60% más vulnerable del país. De cumplir aquello, se otorgaba 50 mil pesos por familia.
Este fue uno de los primeros beneficios de la pandemia, un salvavidas para las familias más vulnerables que entró en vigencia en marzo del 2020, pero que hoy está siendo cuestionado luego de percatarse que la lista de beneficiarios incluía a funcionarios públicos y personas fallecidas.
La población es la primera en exigir que haya fiscalización y piden "revisar si la gente que está viva o si los concejales pueden recibirlo".
Otros son más tajantes y lo catalogan como un hecho "ridículo" y que este hecho se asemeja a cuando personas fallecidas han aparecido en las actas de votación
Un informe de la Contraloría reveló el pago irregular de estos beneficios a personas que no cumplían con los requisitos. Este es un gasto que supera los 5 mil millones de pesos, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social.
En un comunicado oficial, "se estableció que la Subsecretaría de Evaluación Social envió al IPS, como beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia un total de 60 personas que se encontraban fallecidas al momento de la determinación del beneficio".
No conforme con ello, también suman 43 concejales en ejercicio que recibieron de manera irregular el pago de este bono y, por otro lado, 398 personas que presentaban RUN inválidos ante el registro civil.
El Ministerio, ante estos hechos, respondió mediante un comunicado: "Dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal", indicaron.
En consecuencia de estos pagos irregulares, Contraloría dio un plazo de 60 días para que el organismo encargado de efectuar los pagos encuentre la fórmula para recuperar el dinero entregado de manera errónea.
Entre las opciones está cobrar a las familias de los fallecidos y también a los concejales cuyas identidades permanecen en reserva, siendo una tarea que le corresponde al Instituto de Previsión Social.
