La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Chile por violaciones a diversos derechos humanos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de los municipios de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.

El caso se originó en el contexto de la dictadura cuando la administración de las escuelas públicas pasó a los municipios, lo que implicó que el personal docente quedaría sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.

En ese marco por el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551 se creo una asignación especial no imponible para el personal dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981, la que no fue recibida por los profesores que fueron traspasados desde el Estado a las municipalidades.

La Corte IDH consideró que sentencias judiciales dictadas con posterioridad a 1990, que reconocieron el pago de la asignación especial a 846 profesores fueron "irregulares e ineficaces".

Además se estableció que siendo afectadas personas mayores de 60 años y que un quinto de ellas falleció esperando por 25 años la ejecución de los fallos, "el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad".

La Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado entre ellas que deberá pagar directamente a las personas afectadas o sus derechohabientes las sumas aún debidas en tres tractos anuales empezado el primero en el plazo de un año desde notificada la sentencia