Cuantiosas son las pérdidas que reportan los sectores económicos del país más afectados producto de la violencia y atentados que ocurren en la Macrozona Sur hace ya varios años y que se han intensificado en el último tiempo.

Por lo mismo es que actualmente rige un estado de excepción en una zona que clama por mayor seguridad ante las limitantes sociales y económicas que produce la violencia.

Sin ir más lejos, la Región de La Araucanía, la más afectada producto del conflicto en el sur, es también la más pobre del país, con el 17,4% de su población viviendo en esa condición, según la encuesta Casen 2020.

Es que claro, los contantes episodios de violencia espantan la inversión de la zona y envenenan el terreno para cultivar el emprendimiento en una región con un importante potencial para el desarrollo de diversas actividades.

"La violencia armada en la Macrozona Sur ha producido daños millonarios a la industria de transporte terrestre y una destrucción que hace difícil la recuperación de los elementos y equipos afectados", señala un informe de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

Según el documento, entre 2015 y 2020 fueron incendiados y destruidos 173 camiones: 96 en La Araucanía, 70 en el Biobío, 4 en Los Lagos y 3 en Los Ríos. Mientras que, solo en lo que va de 2021, hasta el pasado viernes 26 de noviembre, un total de 106 camiones han sido destruidos, siendo mayo el mes que registra la mayor cantidad de siniestros, con 29 unidades.

"Durante el presente año los atentados se han concentrado mayoritariamente en predios forestales. En carreteras los ataques tienen una connotación de mayor impacto", precisó la CNDC.

En cuanto al perjuicio monetario que esto ha implicado, el gremio calcula que cada camión y su equipo de arrastre pueden tener un costo de reposición promedio de $80 millones.

"Siguiendo este criterio, que solo puede ser considerado para una cifra gruesa, para 2021 es posible establecer una pérdida patrimonial cercana a los $8.150 millones (cerca de US$10 millones)", apuntó.

El informe, además, detalló que la mayor parte de los afectados son transportistas del segmento pyme, que a su vez prestan servicios a faenas forestales. El resto son transportes carreteros, que usan las vías principales para el traslado de diversos productos.

Por su parte, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), en base a información de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), señalaron a este medio que desde 2014 a la fecha se registran 313 atentados en contra de trabajadores, maquinarias y predios forestales, siendo afectadas 168 empresas, varias de las cuales han sido foco de más de un ataque.

En ese sentido, se destacan los casos de Forestal César Covili (17 atentados), Besalco (11), Forestal Nahuelbuta (10), Juan Navarrete (10), Transportes Kruces (10) y Transportes Valdés (10).

La mayoría de los ataques han ocurrido en la Región de La Araucanía (48,5%), seguida del Biobío (41,5%), Los Ríos (7%) y Los Lagos (3%), con un total de 48 comunas afectadas. Asimismo, la corporación indicó que estos episodios en los últimos siete años han afectado a un total de 16.500 trabajadores y 1.092 equipos forestales (32% camiones y 68% equipos).

En tanto, el año con más atentados, según los datos de Acoforag, fue 2020, anotándose 80 acciones violentas. Sin embargo, en 2021, solo entre enero y septiembre, se han registrado 76 ataques.

En siete años, las pérdidas estimadas en capital de trabajo ascienden a unos US$153,5 millones, apuntó Corma. "Para el mundo de las mipymes y los emprendedores de la Macrozona Sur, el escenario se ha vuelto cada vez más difícil e incierto", subrayó Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

"La violencia desatada ha golpeado principalmente a las mipymes del rubro forestal, quienes cada año tienen pérdidas de hasta US$65 millones por el robo de madera que se produce", añadió.

"Desde el punto de vista económico, el terrorismo ha generado incertidumbre y temor en los rubros del turismo, comercio y gastronomía, lo que afecta decisivamente en la generación de inversiones y repercutiendo en la generación de empleo", enfatizó.

Además, Swett afirmó que "en los últimos meses hemos visto con preocupación cómo se repiten los atentados a camioneros, se usurpan predios, se dispara a trabajadores y se destruyen escuelas rurales, lo que pone en alerta a las miles de mipymes que se desempeñan en la macrozona sur".

De hecho, comentó que, en agosto, "un desarrollador de pequeños proyectos eléctricos, que implicaban una inversión de US$99 millones, desistió de construir nueve iniciativas en La Araucanía por la inestabilidad en la región, lo que evidentemente repercute en el empleo y la reactivación económica de la zona".