El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto a Educación 2020 lanzaron este miércoles el Informe "Casen y Migración: Educación, Formación y Acceso a oportunidades: desafíos aún pendientes", material que, a partir de la última versión de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, busca profundizar en el acceso a educación escolar y superior entre la población migrante, al tiempo que identifica algunas brechas en relación a la comunidad local.

Respecto del acceso a educación escolar de parte de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, como punto de partida el estudio da a conocer que si bien la matrícula migrante ha aumentado pasando de 30.625 matriculados en 2015 a 192.045 en 2021, se ha desacelerado la velocidad del incremento.

Si en 2016 la cantidad de estudiantes extranjeros en el sistema escolar aumentó en un 99,5% en relación al año anterior y en 2019 un 41,2%, el crecimiento en 2020 fue de solamente un 10,3% y en 2021 de un 7,9%.

En cuanto a la cobertura de educación escolar, no se observaron grandes diferencias en migrantes y chilenos, ya que si un 88% de los NNA extranjeros accedió a las clases virtuales y/o presenciales del sistema escolar chileno en 2020, esto fue de un 89% en los chilenos.

Las mayores diferencias, en cambio, se registraron en el ámbito del acceso a la educación superior (en la población de entre 19 a 24 años), ya que si un 54% de los jóvenes chilenos de esa edad participaron de clases en 2020, esto fue sólo de un 25% entre sus pares migrantes.

Esta diferencia puede explicarse, a juicio de las y los expertos por razones laborales, ya que mientras un 28% de los jóvenes chilenos de este tramo, están trabajando y un 61% inactivo (sin trabajar ni buscar trabajo), entre los jóvenes migrantes, un 50% se encuentra ocupado, y solo un 38% inactivo; otra explicación, se vincula con los años de asentamiento, ya que si en los jóvenes extranjeros de 19 a 24 años que llevaban más de 5 años de residencia para 2020, un 41% accedió a educación, ello fue de sólo de un 14% en quienes llevan 5 años o menos en el país.

"En Chile son de conocimiento general las dificultades para acceder a educación superior. Y estas barreras se agrandan para el caso de la población migrante. Muchos extranjeros que terminan enseñanza media en Chile, al no poseer permiso de residencia definitivo o al no haber realizado toda su enseñanza media aquí, tienen dificultades para conseguir financiamiento, como son becas o la misma gratuidad", señaló Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del SJM.

EDUCACIÓN Y OPORTUNIDADES SOCIOLABORALES

El análisis también aborda el rol del nivel educativo que posee la población migrante adulta frente a las oportunidades sociolaborales que logran encontrar en Chile: así, aunque poseen en mayor proporción educación superior completa que la población local, esto no les asegura ejercer en empleos acordes a lo que estudiaron.

De este modo, si el año pasado un 44% de los y las migrantes mayores de 25 años poseían educación superior, esto es solamente un 26% en la población nacional de igual edad.

Por otro lado, un 17% de las y los extranjeros posee únicamente educación básica (o menor), lo que asciende a un 38% en las y los chilenos. Asimismo, la proporción de migrantes con alta calificación ha aumentado en los últimos años, lo que se explica -en parte- por el incremento de la inmigración venezolana a Chile desde 2015. Dentro de dicha comunidad migrante, para 2020, el 68% de ellos ha completado la educación superior, y solamente un 5% tiene educación básica o menos.

Si bien, para una persona migrante, contar con nivel educativo alto facilita su inserción en el mercado laboral, esto no se da necesariamente en empleos acorde a su formación. Con ello, si para 2020 el 21% de la población local que ha cursado estudios superiores se desempeña en empleos de menor calificación a su nivel educacional, esto asciende al 44% en la población migrante con igual nivel educativo.

"Las y los estudiantes que forman nuestras escuelas vienen de diferentes países, o sus padres y madres son migrantes. Ello genera una serie de desafíos que apuntan a reconocer y valorar dicha diversidad, y a asegurar una educación respetuosa de los derechos humanos de todos y todas", expresó Alejandra Arratia, directora Ejecutiva de Educación 2020.