Un fuerte debate y un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) se abrieron tras los cambios empujados por el Ejecutivo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Los cambios buscan el desarrollo de viviendas más económicas pero de menor tamaño, que vayan en línea con las familias más pequeñas que hoy componen el país. Esto, además, busca acelerar proyectos en procesos de reconstrucción.

Esto llevó a que diputados de oposición, alcaldes y el gobernador de la RM, Claudio Orrego, presentaran un requerimiento ante el TC en contra de los cambios.

Las inmobiliarias han puesto en pausa obras y compras de terrenos, a la espera de conocer el desenlace del requerimiento. Desarrolladores del sector inmobiliario apuntan a la incertidumbre que este proceso genera para el sector, puesto que los proyectos se planifican con años de anticipación.

En tanto, este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo durante su intervención en Enade que si bien respaldan "absolutamente" la institución del Tribunal Constitucional, advirtió que "sabemos que eso va a retardar la reactivación de construcción que esperamos ver en noviembre hacia adelante. Esa es la consecuencia de esa acción".

Las modificaciones del Ejecutivo están contenidas en el Decreto Supremo N°68, promulgado el 24 de julio y publicado el 2 de octubre de este año, que fija el texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, "con el objetivo de su modernización y actualización, y acelerar los proyectos de reconstrucción en zonas de catástrofe".

Modificaciones a la OGUC

En el diagnóstico, el decreto detalla que "resulta necesario adecuar determinados parámetros urbanísticos a las condiciones demográficas, territoriales y de infraestructura existentes, procurando que las normas de intensidad de ocupación del suelo guarden una relación razonable y técnicamente fundada con las características actuales de la población y de las ciudades".

Para ello, se cita los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, donde se evidencia una disminución persistente del tamaño de los hogares y una concentración de hogares de menor tamaño (21,8% son unipersonales, el 48,8% está compuesto por dos personas o menos, y el 51,2% está integrado por tres o más personas).

Ante dicho escenario demográfico, el decreto actualiza el factor utilizado para determinar la densidad poblacional de los proyectos: en concreto, pasar a construir viviendas que consideren 2,8 habitantes por hogar, en lugar de 4,0 habitantes. Esto incluso se puede reducir a 1,4 habitantes por unidad si está próxima a un corredor de transporte público, metro o teleférico.

El decreto también aborda la distribución de estacionamientos, la que deben corresponderse "con las condiciones de accesibilidad y movilidad del lugar" en que se emplaza cada proyecto.

Así, se establece la reducción en un 50% de la dotación mínima de estacionamientos en zonas próximas a estaciones de transporte público mayor, o sectores vinculados a vías expresas o troncales.

En cuanto a los conjuntos armónicos, el decreto reduce de 5.000 a 2.500 metros cuadrados la superficie requerida para cumplir una de las condiciones aplicables, y establece un aumento de hasta un 75% en el coeficiente de constructibilidad para conjuntos armónicos de viviendas económicas cercanos a infraestructura de transporte público.