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Crónica
21/10/2026
El avance legislativo responde a una urgencia país, marcada por un stock acumulado de más de 30 mil órdenes de expulsión pendientes en el territorio nacional.
La legislación introduce herramientas concretas y plazos más acotados para garantizar que las resoluciones de expulsión se cumplan de manera efectiva:
Facultad de ingreso a domicilios: La Policía de Investigaciones (PDI) estará facultada para ingresar a domicilios con el fin de ejecutar una expulsión, requiriendo siempre la autorización previa de un juez, quien tendrá un plazo de 24 horas para responder.
Reducción de plazos legales: El plazo establecido para que los afectados puedan presentar reclamos o recursos se reduce de 10 a 5 días.
Aumento en la prohibición de retorno: La sanción que impide volver a ingresar al país se endurece, elevándose de 3 a 5 años.
A nivel regional y en el marco de las acciones de control, la última jornada de fiscalización dejó los siguientes balances operativos:
Total Fiscalizados: 2.055
Total Infractores: 347
Ingreso por paso no habilitado: 139
Otras infracciones: 208
Expulsiones notificadas: 27
Expulsiones para materializar: 39
Nacionalidades de los infractores:
Venezolana: 233
Colombiana: 40
Peruana: 7
Otras nacionalidades: 77
Desde el Congreso, parlamentarios que respaldaron la medida destacaron la necesidad de restablecer el orden y la confianza ciudadana, enfatizando que "una orden de expulsión que no se cumple debilita al Estado y la confianza de las personas, y eso no puede seguir así".
Asimismo, se subrayó que la normativa equilibra la eficiencia operativa con el debido resguardo institucional: "Seguridad y Estado de derecho no se contraponen: se necesitan. Esta ley da herramientas concretas sin pasar a llevar las garantías de nadie".
Con este despacho, el proyecto queda listo para ser promulgado como ley de la república, dotando al Estado de nuevas herramientas para la gestión migratoria y la seguridad nacional.
