En los últimos años, la exigencia de transparencia y probidad en la función pública ha llevado a legislar e implementar normativas estrictas respecto al consumo de sustancias ilícitas por parte de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.

A continuación, se detallan los puntos principales sobre qué dice la ley y cómo opera este mecanismo de control:

1. ¿A quiénes está dirigida la obligación?

La normativa y los instructivos dictados por los órganos contralores establecen la obligatoriedad de someterse a exámenes toxicológicos para un grupo determinado de altas autoridades de la administración pública, el cual incluye a:

• Ministros de Estado

• Subsecretarios

• Delegados presidenciales y secretarios regionales ministeriales (Seremis)

• Jefes superiores de servicio y directivos superiores

Adicionalmente, en el Congreso y distintas instancias políticas se han impulsado iniciativas complementarias para extender de forma permanente la obligatoriedad a parlamentarios (diputados y senadores).

2. ¿Cómo y cuándo se debe realizar el test?

• Al asumir el cargo: Las autoridades deben cumplir con el examen toxicológico al momento de ingresar a sus funciones (fijándose plazos prudentes posteriores al nombramiento para su ejecución formal).

• Controles periódicos: La ley y sus criterios de implementación estipulan que los test no son de una sola vez, sino que deben repetirse de manera periódica —al menos dos veces al año calendario— en fechas variables e imprevistas para asegurar el carácter sorpresivo del procedimiento.

• Tipo de muestra: Como parte de los estándares técnicos exigidos por los nuevos cuerpos legales e instructivos, se ha priorizado el uso de muestras biológicas de pelo por sobre las de orina, debido a su mayor ventana de detección y fiabilidad.

3. El propósito de la medida

El objetivo central de este sistema continuo de control es reforzar los estándares de probidad, idoneidad y transparencia, generando mayores niveles de confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado y previniendo el consumo indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en el ejercicio de cargos públicos estratégicos.