Por: Equipo Editorial / Análisis Legal y Periodístico de Radio Camila TV

Existe una peligrosa contradicción en el corazón del Estado chileno: mientras los ministerios, delegaciones presidenciales, seremis y empresas públicas llenan sus discursos oficiales con llamados a la descentralización, la democracia de proximidad y el fortalecimiento de las regiones, en los hechos operan bajo una lógica mercantilista y centralizadora que raya en la ilegalidad.

El problema no es menor. Se trata de la sistemática, silenciosa y deliberada nula inversión en difusión y avisaje en los medios de comunicación locales, regionales, provinciales y comunales. Las autoridades regionales parecen ignorar —o fingir olvido ante— un marco normativo claro y categórico que les obliga a distribuir con equidad los presupuestos de publicidad estatal.

El papel aguanta todo, la billetera centralista también

La legislación nacional ha intentado blindar el pluralismo informativo y la supervivencia de los medios locales mediante mandatos explícitos.

Por un lado, el Artículo 4° de la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información es tajante: los fondos estatales destinados a avisos, concursos y publicidad con identificación regional, provincial o comunal deben destinarse mayoritaria y preferentemente a los medios locales.

Por otro, la Ley de Presupuestos (en su artículo 20) refrenda esta obligación al estipular que al menos el 40% del avisaje y las publicaciones de los órganos públicos debe realizarse en medios de comunicación con clara identificación local, prohibiendo expresamente desviar dichos recursos a conglomerados, holdings o cadenas con presencia multinivel en más de una región. Sin embargo, la realidad en terreno es lapidaria.

La ilusión de la gratuidad y el desprecio por lo local

¿Qué hacen las seremis, las direcciones regionales y las delegaciones presidenciales? Adoptan la cómoda y abusiva política del "cero costo". Pretenden que los medios regionales actúen como agencias de beneficencia informativa, publicando gratuitamente boletines, convocatorias, emergencias y campañas gubernamentales bajo la consigna de que "es información de interés público", disfrazado mediante los famosos "Comunicados de Prensa".

Mientras tanto, los cuantiosos presupuestos públicos destinados a difusión pública se evaporan por el túnel del centralismo: viajan directamente a las grandes cadenas de televisión abierta, portales de internet corporativos y conglomerados radiales con matriz en Santiago.

Se margina así al diario de la provincia, a la radio local y a medios regional que realmente conectan con la ciudadanía a pie de calle.

"Exigir profesionalismo, inmediatez y cobertura territorial a los medios locales, negándoles el pan y la sal del avisaje institucional, no solo constituye una pésima práctica administrativa: es una infracción flagrante a la ley de presupuestos y al espíritu descentralizador del país."

Un llamado de atención urgente

Esta asfixia financiera silenciosa debilita la democracia regional. Sin medios locales independientes, fiscalizadores y financieramente viables, la ciudadanía queda a merced de la desinformación y del relato oficial unidireccional que se emite desde las macro-pantallas de la capital.

Las autoridades de turno no pueden seguir administrando el Estado como un fundo personal donde las leyes de la República se cumplen solo cuando conviene.

El cumplimiento del artículo 4° de la Ley 19.733 y de los pisos mínimos de inversión local consagrados en la Ley de Presupuestos no son "sugerencias" ministeriales; son mandatos imperativos que la Contraloría General de la República y las propias organizaciones gremiales y periodísticas deben fiscalizar con rigor implacable.

Si el Estado quiere descentralización de verdad, debe empezar por pagar la cuenta y respetar la ley en sus propias regiones.