La Comisión de Seguridad Ciudadana despachó el proyecto de ley que busca aumentar las sanciones aplicables a los atentados contra la autoridad, poniendo especial énfasis en la protección de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El texto legislativo eleva, en términos generales, las penas de los atentados contra la autoridad a presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años). A esto se suma la aplicación de una multa económica que oscilará entre 11 y 20 UTM (aproximadamente entre $78.000 y $1.043.000).

No obstante, la normativa establece que, cuando los hechos se cometan contra carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) o de Gendarmería de Chile, solo resultará aplicable una pena privativa de libertad.

Además, durante la sesión, se fijó como agravante el hecho de que los responsables actúen en grupo o individualmente amparados por una multitud.

La propuesta también sanciona a quienes insulten u ofendan gravemente a estos funcionarios. El texto señala que, si durante el ejercicio de sus funciones se menoscaba la dignidad de la función policial o penitenciaria, será posible concretar la detención de quienes incurran en esta conducta.

Durante la sesión, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la iniciativa, señalando que contribuye a recuperar el respeto por la autoridad y a reforzar la protección de los funcionarios policiales.

Junto a esto, defendió la incorporación de la flagrancia para los casos de insultos graves a policías, argumentando que estas conductas no deben normalizarse.

Según el portal de la Cámara Baja, quienes intervinieron a favor del proyecto valoraron el fortalecimiento de las herramientas de protección, destacando que la propuesta resguarda la dignidad de la función sin afectar la libertad de expresión.

Por el contrario, quienes manifestaron reparos cuestionaron la creación de una nueva figura penal asociada a los insultos.

Advirtieron que conceptos como “insulto” u “ofensa grave” podrían generar problemas de interpretación y dejar amplios espacios de discrecionalidad, añadiendo que el ordenamiento jurídico actual ya contempla mecanismos para perseguir conductas similares a través del delito de injurias.