Reforzamiento de equipos de fiscalización, apoyo educativo y conformación de Cuadrillas Sanitarias Laborales, medidas de restricción por incumplimientos y reuniones de coordinación y capacitación a representantes de empresas, son parte de la nueva estrategia de fortalecimiento en contexto Covid-19 encabezado por la SEREMI de Salud en la región del Biobío. Esto como una media preventiva ante el leve aumento de casos, que alcanza 28 brotes laborales con 79 casos activos a nivel regional.

“De los 183 brotes Covid-19 activos en la región, un 21% corresponde a brotes laborales, por eso iniciamos una estrategia de fortalecimiento con diversas acciones de fiscalizaciones semanales a los rubros empresariales con mayor riesgo, acompañamiento educativo de las medidas preventivas y de autocuidado, como también reuniones con representantes y encargados operacionales de diversas empresas.

Durante estos días comenzaremos con el sector del retail, para así generar mejores condiciones para los trabajadores y prevenir la propagación de casos de coronavirus en lugares con mayor afluencia de público”, destacó la Seremi (s) de Salud, Isabel Rojas.

De los 183 brotes en la región del Biobío, 28 corresponden a brotes laborales, es decir un 21,12%; de ellos 20 son de la provincia de Concepción, 7 en la provincia de Biobío y 1 en la provincia de Arauco.

A través de esta estrategia de fortalecimiento, se implementarán Cuadrillas Sanitarias Laborales capacitando a integrantes y trabajadores de rubros del comercio, construcción, industria manufacturera y transporte, en distintas temáticas Covid-19, como: comunicación de riesgo, variante Delta, medidas preventivas y refuerzo de sistema inmune. Además, se contará con un equipo de acompañamiento educativo para el seguimiento y captación de nuevas instituciones.

Respecto a las medidas restrictivas ante incumplimientos Covid-19, en caso que se identifique un brote laboral al interior de una empresa y esta no entregue la información de contacto del total de los trabajadores, se exponen a la prohibición de funcionamiento, hasta que se cuente con la información necesaria para desarrollar la trazabilidad correspondiente.