El Gobierno y el Alto Mando de Carabineros trabajan en una serie de incentivos económicos y administrativos para potenciar las postulaciones y, a la vez, evitar la fuga de personal que ha marcado los últimos cinco años.

La crisis de seguridad que atraviesa el país puso en el foco en una cifra preocupante para el Alto Mando de Carabineros y el Palacio de La Moneda: la brecha negativa entre quienes ingresan a la institución y quienes deciden abandonarla.

Pese a los esfuerzos por robustecer las filas, los números no han sido favorables en el último lustro, consolidando un déficit que el Gobierno busca revertir con una nueva batería de medidas.

Según datos institucionales, durante el año pasado Carabineros registró el egreso de cerca de 1.200 nuevos funcionarios de sus escuelas de formación. Sin embargo, en el mismo periodo, las bajas —ya sea por retiro voluntario, jubilación o expulsión— superaron los 1.600 efectivos.

Esta tendencia se ha mantenido constante: en 2023, el peak de salidas alcanzó los 2.100 uniformados, y en los últimos cinco años, en ninguna instancia el número de egresados ha logrado superar al de funcionarios que dejan la placa.

Las medidas en carpeta

Para enfrentar este escenario, el Ejecutivo, en coordinación con la policía uniformada, afina los detalles de un plan de incentivos que fue esbozado por el Presidente José Antonio Kast durante la conmemoración del 99° aniversario de la institución, consignó Emol.

El objetivo es doble: incentivar el ingreso de nuevos reclutas y retener al personal con experiencia que hoy ve con buenos ojos el retiro anticipado o el paso al sector privado. Entre las medidas más relevantes que se discuten se encuentran:

• Triplicar la asignación de aspirantes: Se busca aumentar sustantivamente el apoyo económico que reciben quienes se encuentran en proceso de formación, de modo que la carrera policial sea competitiva desde el primer día frente a otras alternativas laborales o académicas.
• Creación de un Bono por Riesgo: Esta asignación especial estaría dirigida a reconocer la peligrosidad de las funciones en zonas críticas y procedimientos de alta complejidad, otorgando un plus remuneracional que compense el nivel de exposición de los uniformados.

Las medidas finales, que también incluirían mejoras administrativas en la gestión de turnos y beneficios sociales para las familias de los funcionarios, serían presentadas formalmente en las próximas semanas, en el marco de la agenda de seguridad que el Gobierno busca priorizar en el Congreso.