El Gobierno presentó una propuesta que busca endurecer las sanciones contra abogados en Chile, incluyendo multas de alto monto y la suspensión del ejercicio profesional, en el marco de la reforma al sistema judicial actualmente en discusión.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, apunta a establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, estén o no colegiados, cerrando así un vacío del sistema actual donde muchos profesionales no están sujetos a sanciones disciplinarias.

Entre las medidas más relevantes, se contempla la aplicación de multas que podrían alcanzar cifras cercanas a los $8 millones y la suspensión del ejercicio profesional hasta por tres años en casos de faltas graves.

El plan surge en medio de cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial y casos de corrupción que han involucrado tanto a jueces como a abogados, lo que ha generado presión para fortalecer los mecanismos de control ético.

Además, la propuesta establece que las denuncias por conductas indebidas sean revisadas por tribunales civiles mediante procedimientos rápidos, lo que permitiría sancionar de forma más ágil a los profesionales que incumplan normas éticas.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca reforzar la probidad en el ejercicio de la abogacía y recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial, en un contexto marcado por críticas a su funcionamiento y transparencia.

La iniciativa forma parte de una reforma más amplia al gobierno judicial que actualmente se tramita en el Congreso.