El Gobierno ha ordenado la reapertura de un sumario administrativo relacionado con la controvertida entrega de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social de octubre de 2019. La decisión fue oficializada a través de la resolución exenta número 5658, firmada por el actual ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez.

El proceso original había sido archivado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric sin determinar responsabilidades, una decisión que fue impugnada por la Contraloría General de la República. Tras realizar una auditoría al proceso de otorgamiento de estos beneficios, el ente contralor determinó que lo actuado por la gestión anterior "no se ajustaba a derecho", instruyendo así retomar la indagación disciplinaria.

Objetivos de la nueva indagatoria

La reapertura del sumario busca esclarecer varios puntos críticos que quedaron sin respuesta en la etapa anterior:

1. Determinación de responsabilidades: Se deberá dilucidar si los funcionarios a cargo de la gestión de estas pensiones transgredieron la normativa vigente al momento de su otorgamiento.

2. Situación laboral de los implicados: La investigación tiene como objetivo confirmar si los funcionarios responsables de la División de Acción Social (DAS) que participaron en el proceso continúan desempeñando funciones en el aparato público.

La reapertura de esta causa marca un nuevo capítulo en la fiscalización de las pensiones de gracia, un beneficio que generó intensos debates durante los últimos años debido a la falta de rigor en la verificación de antecedentes y requisitos legales durante su entrega original.