El senador Arturo Squella (Republicanos) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada a conductores y pasajeros que sean víctimas de delitos violentos mientras se encuentran al interior de un vehículo.

La iniciativa propone que, en casos de encerronas, portonazos o robos con intimidación, se presuma que la víctima actuó racionalmente cuando utilice el automóvil para escapar o repeler la agresión, incluso si como consecuencia de esa maniobra el delincuente resulta lesionado o fallece.

No obstante, la presunción podrá ser desvirtuada por el Ministerio Público durante la investigación.

Según explicó el parlamentario, el objetivo es entregar mayor certeza jurídica a quienes reaccionan de manera instintiva frente a este tipo de delitos y evitar que terminen siendo perseguidos penalmente por intentar resguardar su integridad. "Hoy un conductor que acelera para escapar de un portonazo puede terminar formalizado.

Este proyecto termina con esa injusticia, quien actúa en defensa propia dentro de su vehículo no debería ser tratado como imputado", afirmó Squella.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa incorpora un nuevo artículo al Código Penal para establecer una presunción legal de racionalidad cuando una persona sea intimidada al interior de un vehículo y utilice el automóvil con el propósito de escapar o defenderse de la agresión.

Asimismo, modifica el Código Procesal Penal para exigir que la Fiscalía fundamente especialmente cualquier decisión de formalizar una investigación en este tipo de casos.

De acuerdo con el senador, la propuesta busca replicar la lógica que actualmente existe para quienes ejercen la legítima defensa al interior de sus viviendas.

"Lo que proponemos es simple, extender al vehículo la misma lógica que ya rige para quien se defiende en su casa. Si un delincuente te intimida en un semáforo y aceleras para escapar, la ley debe presumir que actuaste racionalmente, no perseguirte penalmente", sostuvo.

Al mismo tiempo, el texto precisa que la propuesta no elimina el control judicial ni las facultades del Ministerio Público para investigar eventuales excesos, sino que busca fortalecer el derecho a la legítima defensa entregando mayor certeza jurídica a quienes enfrentan este tipo de hechos violentos.