Gobierno deja sin efecto suspensión de autorizaciones de la Ley de Control de Armas en zonas bajo Estado de Excepción

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23/06/2026


Fue una medida silenciosa pero de enorme impacto en las regiones del sur del país. En mayo de 2022, en medio de una escalada de violencia rural y con la recién estrenada vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, la Dirección General de Mobilización Nacional (DGMN) dictó la Resolución Exenta N° 1.261. ¿El objetivo? Congelar de raíz toda autorización, transporte y trámite relacionado con la Ley de Control de Armas en las zonas bajo control militar.

Hoy, más de cuatro años después, esa restricción llegó a su fin. Mediante la publicación en el Diario Oficial de la Resolución N° 1.413 exenta, el General de Brigada Pedro Araya Améstica firmó el alzamiento definitivo de la suspensión.

La decisión no responde a un cambio repentino en las condiciones de seguridad, sino a un "efecto dominó" de nudos administrativos, deportivos y ambientales que terminaron por volver la medida insostenible.

El "nudo ciego" de la burocracia

El principal argumento de la DGMN expone una paradoja estatal. En 2023, un año después de implementarse la prohibición en el sur, entró en vigencia el nuevo Reglamento Complementario de la Ley de Control de Armas, el cual elevó significativamente los estándares técnicos, las obligaciones y los plazos de acreditación para los usuarios.

Aquí comenzó el problema: al estar suspendidos todos los trámites en las provincias de Biobío y Arauco, y en la Región de La Araucanía, miles de propietarios legítimos quedaron atrapados en un vacío legal. No podían renovar, no podían acreditarse y, por ende, cayeron en una "irregularidad administrativa involuntaria". El propio Estado les exigía cumplir una norma que, al mismo tiempo y en los mismos territorios, les impedía tramitar. Esto terminó por golpear la integridad del registro nacional y la trazabilidad de las armas en el país.

Plagas, canchas vacías y comercio frenado

Los efectos colaterales de la suspensión no tardaron en trasladarse a la vida cotidiana y al ecosistema del sur chileno:

  • Crisis en el tiro deportivo: Los deportistas federados de las zonas afectadas se vieron completamente impedidos de entrenar, mantener sus condiciones técnicas o competir, congelando su desarrollo profesional.

  • La invasión del jabalí y el visón: Al prohibirse el transporte de armas, la actividad de caza legal se redujo a cero. Sin la presión de los cazadores, especies exóticas invasoras como el visón americano y el jabalí se multiplicaron sin control, generando graves daños económicos en la agricultura local y destruyendo ecosistemas nativos.

  • Asfixia comercial: Clubes de tiro y armerías locales debieron enfrentar una parálisis comercial ininterrumpida que afectó directamente el sustento de dichos sectores económicos.

 

"Resulta necesario restablecer el equilibrio entre las medidas de seguridad pública y el resguardo de las garantías constitucionales de los usuarios", argumenta el texto oficial, advirtiendo que la persistencia de la prohibición se había transformado en una "carga pública desproporcionada".

Lo que viene: 120 días de gracia y "ojo visor" militar

La resolución publicada este martes no significa chipe libre. El documento establece una estrategia de dos carriles para ordenar la situación:

En primer lugar, se abre un período extraordinario de regularización de 120 días. Durante estos cuatro meses, todos aquellos usuarios cuyas inscripciones o permisos hayan vencido durante la vigencia de la prohibición (desde 2022 a la fecha) deberán acudir a ponerse al día con las severas exigencias del reglamento de 2023.

En segundo lugar, la seguridad no se relaja. La DGMN fue enfática al instruir a las Autoridades Fiscalizadoras locales a mantener una "coordinación estrecha" con los Jefes de la Defensa Nacional que comandan las zonas bajo Estado de Excepción. Mientras dure el régimen de emergencia, los militares y policías aplicarán criterios de fiscalización reforzada, poniendo especial lupa en las actividades de caza y en el transporte de cualquier elemento controlado.

Con esta firma, el sur recupera la operatividad en la inscripción y transferencia de armamento legal, intentando destrabar un problema administrativo que terminó por asfixiar más a los usuarios regulados que a la clandestinidad.



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