El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha encendido el debate en el mundo educativo. La propuesta contempla un mecanismo complementario y voluntario para que los colegios con sobredemanda puedan aplicar sus propios criterios de selección (tales como rendimiento académico, rendimiento en entrevistas, afinidad al proyecto educativo o proximidad), permitiéndoles optar por fuera de la tómbola centralizada tradicional.

Sin embargo, la iniciativa ha recibido un duro revés por parte de quienes integraron la última mesa técnica encargada de proponer mejoras al SAE. Esta instancia transversal, compuesta por 11 especialistas y académicos de diversos sectores políticos y centros de estudio, incluyó en su momento a la actual ministra de Educación, María Paz Arzola (entonces coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo).

Contradicción con el informe técnico

En abril de 2025, esta mesa entregó un informe final —suscrito por la propia Arzola— en el que se sugería perfeccionar el sistema desde su interior, por ejemplo, reponiendo la selección de hasta el 80% de la matrícula en liceos de alta exigencia o incorporando criterios de priorización de manera interna. No obstante, el documento estableció de forma explícita que la evidencia no justificaba un "reemplazo estructural" del sistema ni la creación de un mecanismo paralelo fuera del control centralizado.

Tras conocerse el diseño de la reforma gubernamental, la gran mayoría de los exmiembros de la instancia manifestaron su disconformidad y asombro, señalando que la propuesta camina en la dirección opuesta a los consensos alcanzados hace poco más de un año.

Las críticas de los expertos

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidenta de la mesa, enfatizó que "no existe ningún argumento racional para justificar que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE". Según explicó, atomizar el proceso complejiza las postulaciones y hace que el sistema pierda la capacidad de optimizar las asignaciones según las preferencias de los padres.

Por su parte, Alejandro Carrasco, decano de Educación de la PUC, recordó el tiempo invertido en procesar la evidencia científica y escuchar a las comunidades: "Nunca un sistema de admisión paralelo se contempló como un camino", afirmó. Asimismo, Javier González (director de SUMMA) y Manuela Mendoza (U. de O'Higgins) alertaron sobre el riesgo de un retroceso en materia de equidad, argumentando que la literatura internacional y los datos locales demuestran que la admisión selectiva por entrevistas o notas tiende a aumentar la segregación socioeconómica y académica, devolviéndole el poder de exclusión a los colegios en desmedro de la libertad de las familias.

En una línea similar, Gonzalo Muñoz (UDP), Patricio Rodríguez (CIAE de la U. de Chile) y Cristián Cabalin coincidieron en que romper la ventanilla única del SAE aumentará la incertidumbre, la frustración y la carga burocrática sobre los apoderados, quienes se verán obligados a coordinar múltiples calendarios y requisitos específicos por cada recinto.

Una voz a favor

La única postura disidente dentro de los consultados fue la de Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, quien defendió la propuesta del gobierno catalogándola como "razonable". A su juicio, el SAE actual pecó de una rigidez excesiva que anuló la identidad de los proyectos educativos. Bravo aseguró que permitir criterios objetivos y previamente informados otorga una autonomía necesaria a los colegios, y aunque reconoció que el proyecto del Ejecutivo va "más allá" de los consensos estrictos de la mesa técnica, considera que sí responde al diagnóstico compartido sobre la falta de articulación entre los establecimientos y las expectativas de las familias.

El debate legislativo que se aproxima promete ser uno de los más complejos para el Ministerio de Educación, con el foco puesto en la consistencia de los argumentos técnicos frente a las modificaciones políticas del sistema de admisión.