La mañana se siente pesada en la Residencia de Vida Familiar para Adolescentes (RTA). No es el trabajo lo que agota —dicen— sino la incertidumbre.

Desde diciembre de 2025, 22 funcionarios continúan desempeñando sus labores sin contrato formalizado y sin recibir sus remuneraciones, una situación que hoy decidieron hacer pública a través de un comunicado enviado a Radio Camila TV.

"El equipo, compuesto por profesionales y técnicos que trabajan directamente con adolescentes en contexto de protección, asegura que han mantenido turnos, visitas domiciliarias y atención permanente pese a no contar con respaldo contractual. “Seguimos por ética y compromiso con las jóvenes”, señalan en el documento.

En junio de 2025, el Concejo Municipal aprobó el inicio del nuevo modelo de Residencia de Vida Familiar para Adolescentes (RTA), reemplazando al anterior proyecto RVA. La transición implicó un aumento en la capacidad de atención, pasando de 12 a 16 plazas, y una mayor carga laboral.

En una reunión realizada en dependencias de la Dirección de Desarrollo Social (DIDESO), se habría confirmado un aumento de remuneraciones acorde a las nuevas responsabilidades. Incluso, según relatan, en diciembre se les informó que los contratos ya estaban listos e incluían las mejoras salariales comprometidas.

Sin embargo, semanas después, la situación dio un giro. Desde la Alcaldía se habría desconocido el acuerdo, argumentando que no existían justificaciones técnicas suficientes.

Tras una movilización realizada, el lunes 9 de febrero en la Municipalidad se enviaron nuevos contratos. Pero lejos de traer tranquilidad, generaron más inquietud, señalan.

Los funcionarios denuncian que los documentos presentan inconsistencias: fechas que no corresponden, ausencia de cargos y profesiones especificadas, y sueldos vinculados al proyecto anterior, ignorando el aumento de responsabilidades. Además, recalcan que su trabajo no puede ser bajo modalidad de honorarios, dado que existe subordinación y cumplimiento de turnos, lo que —según lineamientos de la Contraloría General de la República— exige contrato formal.

Pero el conflicto no se limita a lo laboral. La residencia atiende a adolescentes que requieren estabilidad emocional y contención constante. Desde el equipo advierten que la inestabilidad profesional afecta directamente la percepción de seguridad de las jóvenes.

A ello se suma que el convenio pasó de carácter provincial a regional, aumentando la demanda operativa. Incluso, aseguran que deben costear de su propio bolsillo gastos básicos como traslados para visitas en terreno.

La amenaza de eventuales “nuevos concursos” si no aceptan las condiciones actuales también ha generado preocupación interna.

En su declaración pública, los trabajadores hacen un llamado al Honorable Concejo Municipal y a las autoridades competentes para intervenir con urgencia, regularizar los contratos bajo los términos acordados y garantizar la continuidad técnica del servicio.

Mientras tanto, en la residencia el trabajo no se detiene. Las adolescentes siguen necesitando acompañamiento. Y los funcionarios, pese a no tener certezas sobre su propio futuro laboral, siguen cumpliendo turnos.La vocación, dicen, no puede reemplazar indefinidamente los derechos laborales".

MUNICIPALIDAD

Radio Camila TV, consultó al Municipio por esta denuncia, dónde desde la Unidad de Comunicaciones, señalaron que se encuentran realizando una Investigación Sumaria, por lo que mientras no se tenga el resultado de ella, no pueden referirse en detalles de lo dado a conocer por los funcionarios.