El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva contra el ex director general de la PDI Héctor Espinosa, imputado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Según las indagaciones, Espinosa recibió depósitos mensuales en su cuenta y la de su esposa, María Magdalena Naira, que suman en total cerca de 146 millones de pesos, los que correspondían a dineros de los gastos reservados de la institución.

De los 30 millones destinados a gastos reservados, tres terminaban en la cuenta de Espinosa y dos en los de su esposa, lo que ocurrió en una veintena de ocasiones.

El consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, expuso que "los gastos reservados tienen una destinación que van en beneficio de la sociedad, porque tienden en un propósito directo a combatir la delincuencia, entonces yo me pregunto: a partir de esta sustracciones, cuántas medidas que pudieron evitar actos de delincuencia dejaron de verificarse".

"El carácter de los delitos adquiere una especial gravedad cuando estamos pensando en que estos montos tenían este propósito destinado por el legislador a combatir la delincuencia, no puede abstraerse en una decisión de esta naturaleza el carácter de los delitos", agregó.

"Se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos de su propia institución a sus arcas personales (...) su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló la jueza Carla Cappello.

La defensa del subcomisario Eduardo Villablanca, testigo de estos hechos, el abogado Jorge Villalobos, pidió un plazo acotado de investigación, porque "esta es una investigación que se ha llevado con bastantes recursos humanos de parte del Ministerio Público y las policías, en 10 meses se han acopiado más de 7.200 hojas, y creo que ahora decretadas estas medidas no podemos esperar un relajo del Ministerio".

"Obviamente se exige que con la misma premura, la misma dirigencia, se termine con esta investigación que lleva ya 10 meses, y en consecuencia que se fije un plazo breve para ese efecto", añadió.

Capello negó esta posibilidad, ya que "si bien es cierto es una investigación que ya lleva bastante tiempo, pero es una investigación que no es menor en relación a la cantidad de delitos y la gravedad, también la Fiscalía ha dado cuenta que existen diligencias pendientes y, en razón de ello, el tribunal va a imponer un plazo de cuatro meses para la investigación".

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses de investigación y Espinosa deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, ubicada en la comuna de Cerrillos.

En tanto, la esposa de Espinosa quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional, a quien se le imputa el delito de lavado de activos por haber recibido cerca de 37 millones de pesos no justificados. Mientras que Villablanca quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.