En las principales arterias del centro de Los Ángeles como Calle Colo Colo, Tucapel, Avenida Ricardo Vicuña y alrededores del Hospital, se extiende desde hace años una práctica habitual: la presencia de personas que ofrecen —a cambio de dinero— el “cuidado” de vehículos estacionados en la vía pública. Aunque durante el día muchos automovilistas ven esta figura como un apoyo, cuando cae la noche la escena cambia y se transforman en un foco de preocupación ciudadana por delincuencia, consumo de drogas y alteraciones de orden público.

Lo que para algunos conductores puede ser una ayuda informal frente a la falta de estacionamientos regulados, para otros vecinos y autoridades locales se ha convertido en un síntoma de la informalidad económica y de vulnerabilidad social. En distintos sectores del centro, estas personas se instalan para ofrecer su servicio sin ningún tipo de regulación formal, lo que ha generado tensiones con la comunidad y visibiliza una realidad de exclusión y falta de oportunidades laborales formales.

Organismos oficiales han reconocido que, a nivel local y nacional, existen cientos de personas en esta situación que dependen de este tipo de actividad para sobrevivir. En algunos reportes gubernamentales se ha señalado que al menos 600 personas estarían ejerciendo funciones similares en distintas zonas de Los Ángeles —una clara señal de la magnitud del fenómeno social en las zonas urbanas más concurridas.

Sin embargo, este escenario informal ha levantado cuestionamientos importantes: ¿son realmente un aporte para la seguridad del parque automotor o simplemente una estrategia de subsistencia que, al caer la noche, se cruza con problemáticas de delincuencia y consumo de drogas, especialmente en zonas con alta presencia de personas en situación de calle?

En sectores como el centro, donde la noche evidencia otra cara de la ciudad, se observa con frecuencia la concentración de personas vulnerables que enfrentan condiciones de calle y consumo, lo que complejiza aún más la convivencia y la percepción de inseguridad.

Las autoridades y parlamentarios vienen debatiendo desde hace tiempo cómo abordar esta realidad. En el Congreso se ha avanzado en iniciativas para regular o sancionar el ejercicio informal de cuidadores y acomodadores de autos, proponiendo desde multas hasta penas más severas para quienes realicen estas actividades en forma no autorizada, con el fin de recuperar el control del espacio público y desincentivar prácticas coercitivas o abusivas hacia los conductores.

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Carabineros y otras entidades han hecho hincapié en que no basta con que existan cuidadores —informales o no— para garantizar la protección de los vehículos. En casos de negarse al pago, algunos automovilistas han reportado amenazas, daños a la propiedad o desapariciones misteriosas de los cuidadores justo antes de incidentes delictivos, lo que refuerza la percepción de que la actividad informal puede convertirse en un riesgo latente.

Mientras avanza el debate sobre su regulación, muchos vecinos piden soluciones que vayan más allá de sanciones: creación de estacionamientos públicos regulados, refuerzo del patrullaje, políticas de inclusión social y programas de empleo formal que ofrezcan alternativas reales a quienes hoy están relegados a trabajar en la vía pública.