Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y las principales autoridades del país, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, entregó este lunes la cuenta pública del organismo, ocasión en que reveló más de 6 mil casos nuevos de funcionarios con licencias, mientras prestaban servicios en el sector privado.

Al comenzar su alocución, la contralora destacó que "nosotros rendimos cuenta porque los ciudadanos tienen derecho y merecen saber lo que hacemos, lo que hacemos con los fondos que les pertenecen (...)

Durante el año 2025, orientamos nuestra labor a fortalecer la eficiencia, la eficacia y la prioridad en la administración del Estado, y tuvimos siempre en mente un objetivo muy claro, proteger los recursos públicos, resguardando su uso conforme a la ley y asegurando que cumplan su verdadera finalidad".

"Nosotros reforzamos nuestros controles y detectamos irregularidades relevantes, modernizamos nuestras herramientas de fiscalización e impulsamos con fuerza la idea central de revitalizar el sistema nacional de control", sostuvo.

Cifras del 2025

Luego, Pérez detalló las cifras que marcaron la gestión del organismo en 2025, donde destacó 2.619 actividades de fiscalización, lo cual representa un 13% más que el año anterior. Asimismo, se realizaron 1.804 inspecciones por denuncia. "Las denuncias son el mecanismo a través del cual se detecta el 40% de los fraudes a nivel mundial.

Lo hemos repetido mucho y vamos a seguir insistiendo en esto, porque los canales de denuncias deben ser robustos y las denuncias deben ser serias, fundadas y responsables. Y de esa manera nos ayudan a realizar nuestra labor de control y la labor de control de las auditorías internas que están desarrollando actualmente auditorías a nivel nacional", comentó.

Asimismo, se hicieron 358 auditorías de cumplimiento normativo, investigaciones especiales en 288 casos, 86 infecciones de obra pública y 83 auditorías financieras simplificadas y exámenes de cuentas autónomas.

"Esto lo hicimos por más de 29.000 millones de pesos. Como decíamos también en el video, esto es un 152% más que el año anterior. Ese es un esfuerzo muy significativo del mundo de la fiscalización", precisó. También se procesaron las declaraciones de intereses y de patrimonio en más de 236.000 casos.

A la vez que revisaron la legalidad preventivamente en más de 26.400 actos administrativos. Y se elaboraron dictámenes y oficios interpretativos en más de 37.700 casos.

"Es un 19% más de trabajo que realizaron todos los equipos jurídicos y los equipos que apoyan la función jurídica para esta interpretación normativa. Es un esfuerzo muy significativo", detalló. Junto a esto, finalizaron investigaciones sumarias o sumarios administrativos en más de 200 casos.

Presupuesto

Respecto al presupuesto de Contraloría, Pérez expresó que "si uno lo mira comparado con lo que debemos fiscalizar, que es el aparato público, lo cierto es que la Contraloría su presupuesto va bajando año a año en la línea azul, ustedes lo pueden ver, solo representa un 0,11% del presupuesto nacional, es muy difícil fiscalizar así todo el aparato público administrativo con esos fondos".

"Entonces, hemos hecho esfuerzos, recortes, ajustes y eficiencias, como lo han visto en lo que ya llevamos de la cuenta, sin embargo, es importante buscar algún mecanismo para que la Contraloría y su presupuesto vayan a la par del presupuesto nacional, de manera que se pueda fiscalizar correcta y eficientemente", precisó.

Principales casos

"Vimos otra situación de los médicos que atendían partos, estando con licencia médica se iban a lo privado a atender un parto. También vimos funcionarios que iban al casino a apostar, mientras estaban justificando su inexistencia con licencia médica en el sector público.

La suma de todo esto, incluyendo los 10.000 que detectamos en el nivel regional, son 55.933 casos", precisó, añadiendo que la idea es hacer la revisión todos los años. "Va a parecer un poco reiterativo, pero tenemos que hacerlo todos los años.

El ahorro que generó al fisco fueron 645 millones de dólares. Entonces, tenemos que hacer este trabajo todos los años para que estas cifras no suban", recalcó Pérez. Por ello, anunció además que despacharán un nuevo informe que presentará "6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado".

"Y detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse", precisó, añadiendo que "la mayoría de los casos son reales". Y acotó que "entonces, este es un tema que nos vamos a soltar y vamos a presentar todos los años.

Pero viene la segunda parte- ¿Qué avances hay después, tanto en la determinación de las responsabilidades como en la recuperación de los dineros? ¿Qué es lo que más nos importa? Que no se repita, pero que se recuperen los dineros". "Se realizaron 13.074 sumarios, se informaron así en la plataforma nuestra del Sistema de Inspección de Resultados de Auditoría", detalló, y se indicó que 723 entidades aún no iforman que pasó con sus sumarios.

Sin embargo, precisó que "344 sumarios ya se terminaron. 93 funcionarios fueron destituidos en esos procedimientos y 77 personas fueron cesadas en su cargo por término de contrato. Pero además de esto, todos sabemos que más de 1.000 personas renunciaron durante la primera semana" de la denuncia, quienes "se fueron sin responsabilidad administrativa".

"Por esa razón, pedimos a las autoridades colegisladoras que evalúen, dar urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno Interior actualmente y que faculta la Contraloría a sancionar a los funcionarios, a perseguir su responsabilidad y en su caso sancionar cuando han renunciado y durante los seis meses siguientes", precisó.

En cuanto a recuperación de los dineros, aclaró que "muchos funcionarios presentaron ante la Contraloría la solicitud de condonación de esos dineros, que esos dineros no tuvieran que devolverlos. La ley orgánica faculta a la Contraloría con esa atribución de condonar o dar facilidades. En el 96% de los casos hemos rechazado esas solicitudes de condonación".

"Solo se han otorgado cuando había algún error en la determinación de la persona o cuando hay una causal humanitaria, la persona está en una situación terminal. Todos los demás casos se rechazan porque son fondos, como lo dijimos al comienzo, de todos y tenemos que recuperarlos. Hemos ordenado reintegrar por subsidios de incapacidad laboral más de 1.311 millones de pesos", remató.

La contralora además entregó detalles de otros casos de fiscalización como en el de la Dirección de Crédito Prendario, Gendarmería, Carabineros, la Junji, la Junaeb, en servicios de salud y hospitales, en el megaincendio de la Quinta Región y las municipalidades, entre otras.