En medio de un escenario donde la sustentabilidad agrícola y la protección de los ecosistemas han ganado protagonismo, la implementación de la Ley Apícola N° 21.489 comienza a marcar la pauta para el sector en Chile.

En la Región del Biobío, particularmente en zonas rurales cercanas a Concepción y la provincia de Biobío, productores y dirigentes apícolas siguen con atención los cambios que ya comenzaron a regir y aquellos que entrarán en vigor a partir de abril, generando expectativas, pero también inquietudes respecto de su aplicación práctica.

¿Qué señala la normativa?

La normativa, cuyo reglamento general fue publicado el 11 de junio de 2024 en el Diario Oficial, establece por primera vez un marco integral para la protección, promoción y desarrollo de la apicultura en el país, reconociéndose como una actividad silvoagropecuaria estratégica.

No se trata solo de la producción de miel, sino del rol fundamental que cumplen las abejas en la polinización, la biodiversidad y, en consecuencia, en la seguridad alimentaria. Bajo esa lógica, la ley apunta a fomentar el desarrollo sustentable del rubro, resguardar la sanidad de las abejas y regular tanto la producción como la comercialización de productos apícolas, incorporando además el fortalecimiento de los servicios de polinización.

Uno de los cambios más relevantes ya comenzó a aplicarse el pasado 26 de enero de 2026, cuando entró en vigencia la obligación de notificar con al menos 48 horas de anticipación la aplicación de agroquímicos clasificados como “muy tóxicos” para las abejas.

Lo que hasta hace poco era considerado una recomendación técnica, hoy es una exigencia legal que recae directamente sobre los agricultores que realizan estas aplicaciones. Este aviso debe efectuarse mediante canales verificables, como correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones escritas, y busca dar tiempo a los apicultores para proteger sus colmenas, ya sea cerrándose o trasladándose.

Con miras a abril

Sin embargo, el próximo hito normativo ya está en el horizonte. A partir del 26 de abril de 2026, esta obligación se ampliará también a los productos clasificados como “moderadamente tóxicos”, lo que incrementará significativamente el alcance de la medida.

La denominada “Regla de las 48 horas” se convierte así en el eje central de la ley, estableciendo un margen mínimo para la coordinación entre agricultores y apicultores, al tiempo que fija restricciones horarias para la aplicación de plaguicidas, permitiéndose únicamente en momentos de menor actividad de las abejas, como las primeras horas de la mañana o al atardecer.

Para facilitar este proceso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha dispuesto la plataforma Consulta para Avisaje (CPA), una herramienta que cruza la geolocalización de los predios agrícolas con los apiarios registrados en el sistema, identificando a los potenciales afectados.

No obstante, la normativa es clara en un punto: la responsabilidad de notificar recae completamente en quien aplica el plaguicida. A su vez, para los apicultores, mantener sus apiarios debidamente inscritos y georreferenciados en el registro SIPEC Apícola es condición indispensable para recibir los avisos, instalando así una lógica de corresponsabilidad en la implementación de la ley.

Miradas de apicultores del Biobío

En el Biobío, donde la actividad apícola convive con sectores agrícolas intensivos y una creciente presión sobre los ecosistemas, estas modificaciones han sido recibidas con una mezcla de valoración y preocupación.

Desde el Comité Apícola Los Junquillos, su presidente Orlando Ira Ira reconoce que la normativa introduce desafíos concretos en la operación diaria del rubro, particularmente en lo relativo a la trashumancia y los requisitos de distanciamiento entre apiarios.

“Si me voy a ubicar en algún lugar específico, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, dónde voy a llegar, porque no me puedo ubicar muy cerca de otro apicultor. Ya tenemos ahí algunos distanciamientos que debemos respetar, eso es un foco complejo”, señaló.

El dirigente, oriundo de Santa Bárbara, también advierte incertidumbre respecto del ingreso de nuevos actores al rubro. En su análisis, la regulación podría generar conflictos en territorios donde ya existen apiarios establecidos.

“Si hay alguna persona que quiera ingresar al rubro en el ámbito de la apicultura, yo no sé ahí qué va a pasar. Por ejemplo, si está cerca de mi persona, de mi apiario, si esa persona es dueño de su terreno y dice yo quiero tener abejas en mi terreno, porque lo veo como un trabajo que pueda ser sustentable para mí, ¿qué va a pasar ahí?”, cuestionó, evidenciando una preocupación que se repite entre pequeños productores de la zona.

Desde una mirada más amplia, el dirigente gremial y cooperativo apícola nacional, Daniel Iraira, destaca el carácter histórico de la ley, aunque advierte que su impacto dependerá directamente de su implementación.

A su juicio, el reconocimiento del valor estratégico de la apicultura es un avance relevante, pero insuficiente si no se traduce en políticas concretas.

“La Ley Apícola marca un avance importante porque reconoce el valor estratégico de la apicultura, pero ese reconocimiento ahora debe traducirse en realidad. La abeja no solo produce miel, polen o jalea real; cumple además una función esencial para la producción de alimentos a través de la polinización”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el país tiene una oportunidad inédita para proyectarse internacionalmente. Según indicó, Chile podría dejar de verse únicamente como un productor de miel y avanzar hacia una apicultura integral.

“Nuestra visión como dirigentes gremiales y cooperativos del mundo apícola es que Chile debe dar un salto y mostrarse ante el mundo como una potencia apícola en tres dimensiones: producción de alimentos de la colmena, servicios de polinización y desarrollo de material biológico de alta calidad estandarizada”, afirmó, destacando además las ventajas sanitarias del país y su potencial como proveedor global de polinizadores.

No obstante, el dirigente insiste en que el desafío no se resolverá únicamente con regulación. A su juicio, el fortalecimiento del sector requiere políticas públicas que acompañen el proceso.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de acceso a financiamiento y herramientas de desarrollo productivo. Explicó que, al igual que otros sectores agrícolas, la apicultura necesita crédito con condiciones adecuadas, inversión en tecnología, trazabilidad e innovación, especialmente en un contexto donde la mano de obra especializada es cada vez más escasa.

Iraira advierte que el éxito de la ley dependerá de su correcta ejecución. “Hoy estamos en un muy buen pie porque tenemos la ley, no obstante si esta es mal implementada, corremos el riesgo de tener una ley importante en el papel, pero insuficiente en sus efectos concretos sobre el futuro del rubro”, señaló.

En esa misma línea, subrayó que el verdadero desafío está en su aplicación en ámbitos como la sanidad, la certificación y la incorporación de tecnología. “Pero lo que realmente importa es su implantación. Ahí está el real desafío”, recalcó.