En medio de la polémica por el proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas de cárcel, senadores de la oposición ingresaron una serie de indicaciones con el objetivo de limitar sus alcances y evitar que beneficie a condenados por delitos graves, especialmente violaciones a los derechos humanos.

La iniciativa —impulsada por parlamentarios de derecha— fue aprobada en general en el Senado por un estrecho margen de 23 votos a favor y 22 en contra, abriendo el debate sobre la posibilidad de conmutar penas privativas de libertad en ciertos casos, como personas mayores o con enfermedades graves .

Frente a este escenario, legisladores de izquierda buscan introducir modificaciones que establezcan restricciones claras. Entre ellas, se apunta a excluir explícitamente a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o crímenes violentos, argumentando que la propuesta original podría “abrir la puerta a la impunidad”.

Desde el oficialismo y sectores progresistas también se ha advertido que el proyecto, tal como está planteado, podría beneficiar a miles de reclusos, incluyendo casos de alta connotación, lo que ha generado críticas tanto políticas como desde organizaciones de derechos humanos .

El debate ha sido intenso en el Congreso, donde incluso se han levantado reparos de constitucionalidad y llamados a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos .

Ahora, con el plazo de indicaciones ya abierto, el proyecto continuará su tramitación legislativa, en una discusión que se anticipa compleja y altamente tensionada en las próximas semanas.