La Red de Acción Carcelaria presentó su boletín de caracterización de mujeres privadas de libertad con datos actualizados a diciembre de 2025. Las cifras revelan un crecimiento acelerado del encarcelamiento femenino en Chile, que alcanzó su máximo histórico.

Mientras la población penal total aumentó un 60% desde 2021 —pasando de 38.752 a 62.335 personas—, el número de mujeres privadas de libertad saltó de 2.824 a 5.050 en el mismo período, lo que representa un alza del 79%.

Es decir, 19 puntos porcentuales por sobre el crecimiento masculino.Las mujeres representan el 8,1% del total de la población penal en régimen cerrado.

Una crisis de género y maternidad

El informe advierte que el encarcelamiento femenino impacta directamente en el ciclo de crianza. El 55% de las internas tiene entre 25 y 39 años —en plena etapa reproductiva— y actualmente se registran 103 mujeres embarazadas o con hijos lactantes viviendo en reclusión. A ello se suma que el 45% de las mujeres privadas de libertad se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin condena definitiva.

Esta proporción es 11,1 puntos porcentuales mayor que en los hombres. Antonella Oberti, directora de incidencia de la fundación, cuestiona que el sistema penitenciario no incorpore adecuadamente una perspectiva de género diciendo que "el encarcelamiento femenino se ha disparado un 79% en los últimos cuatro años, alcanzando récords históricos.

Estas mujeres son madres, cuidadoras y proveedoras, que ingresan a un sistema en crisis, donde más de la mitad está en prisión preventiva y aún no ha sido condenada" enfatizó.

Asimismo, la directora destaca que "el contexto actual demanda respuestas efectivas en materia de seguridad pública. La nueva administración tiene el desafío no sólo de gestionar el hacinamiento, sino también de fortalecer institucionalmente a Gendarmería y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en las cárceles", afirmó.

Investigaciones académicas de 2025 refuerzan esta preocupación. El estudio "El encarcelamiento femenino en Chile: diagnóstico, estándares y vías de solución", de Villegas y Walker, señala que el 82,5% de las reclusas son madres, lo que impacta indirectamente a cerca de 9.803 niños, niñas y adolescentes en el país. Además, identifica que el suicidio es la principal causa de muerte intrapenitenciaria femenina, especialmente en prisión preventiva.

Radiografía de la exclusión

Los datos de caracterización muestran un perfil de alta vulnerabilidad social previo al ingreso a la cárcel.

Precariedad laboral: El 87,1% de las mujeres declaró no poseer una calificación laboral formal al momento de ingresar al sistema penitenciario. De ellas, un 46,5% realizaba oficios no calificados y un 40,6% no registraba actividad económica previa. Solo un 3,6% declaró tener formación técnica o profesional.

Delitos asociados a pobreza: Según el mismo estudio académico, el 59% de las mujeres está privada de libertad por delitos de drogas —principalmente microtráfico—, un 27% por delitos contra la propiedad y solo un 4,5% por delitos graves.

Prisión preventiva: El 45% de las mujeres está imputada, sin sentencia definitiva, proporción superior a la masculina (33,9%). Estudios jurídicos de 2025 han advertido que los criterios para aplicar esta medida cautelar no incorporan adecuadamente la perspectiva de género.

Extranjería: La población de mujeres extranjeras privadas de libertad creció un 105% en cuatro años. Actualmente representan el 23,4% del total de mujeres presas. La mayoría es de nacionalidad boliviana (46%), seguida por colombianas (20,5%) y venezolanas (18,1%).

El sistema al límite

El aumento de la población penal no ha sido acompañado por un crecimiento proporcional de la infraestructura. Entre 2021 y 2025, la capacidad del sistema penitenciario —medida en número de plazas— aumentó apenas un 1,6%, mientras que la población total creció un 60%.

El uso de la capacidad operativa pasó de 92,7% en 2021 a 146,9% en 2025, lo que evidencia un escenario de hacinamiento crítico. En paralelo, la dotación de Gendarmería de Chile aumentó solo un 4,6% en el mismo período.

"El hacinamiento crítico agrava las condiciones de quienes aún no tienen sentencia y multiplica las capas de vulnerabilidad", advierte Oberti.