Tras una extensa jornada de negociaciones, la Comisión Mixta de Hacienda despachó este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026, permitiendo que el erario avanzara a su votación en la Cámara de Diputados y el Senado, a solo días del plazo constitucional que vence el 29 de noviembre.

El análisis se concentró en 14 artículos que habían sido rechazados previamente, luego de discrepancias entre ambas cámaras, lo que obligó a la conformación de la Comisión Mixta. Con el acuerdo alcanzado, el proyecto retomó su curso legislativo durante la tarde.

Entre los temas más relevantes discutidos, destacó la reposición de recursos para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), junto con el compromiso de que durante 2026 se presente un informe que evalúe su rediseño institucional. También se restituyeron fondos destinados a sitios de memoria, entre ellos la Casa Memoria José Domingo Cañas, el Estadio Nacional y la Corporación de ExPresos Políticos de Pisagua, bajo nuevas exigencias de rendición que obligarán a que al menos el 50% de las actividades tenga respaldo verificable.

En materia de seguridad pública, el acuerdo incorporó $4.500 millones adicionales para la PDI, destinados a la adquisición de activos no financieros, y $500 millones para los gastos reservados de Carabineros. Este refuerzo se justificó en las prioridades del Gobierno vinculadas al combate de delitos violentos y el fortalecimiento de capacidades operativas.

Por otra parte, el programa Pase Cultural sufrió recortes para reasignar recursos hacia seguridad, decisión que generó debate al interior de la comisión, pero que finalmente fue aprobada por mayoría.

El proyecto considera un crecimiento del gasto público de 1,7% para 2026, cifra que se enmarca en el escenario económico proyectado para el próximo año.

A las 20:34 horas, la Cámara de Diputados aprobó el texto despachado por la Comisión Mixta, y posteriormente, a las 21:10 horas, hizo lo propio el Senado, dejando el Presupuesto 2026 en condiciones de convertirse en ley dentro de los plazos establecidos.

Desde las regiones —incluida la provincia del Biobío— se espera especial atención al artículo que autoriza a los Gobiernos Regionales a aportar recursos a empresas estatales, mecanismo que podría abrir espacio a nuevas inversiones estratégicas y proyectos de desarrollo local durante el próximo año.