En una decisión que marca un giro hacia un mayor control institucional, la Contraloría General de la República ha elevado el listón para las entidades del Estado que busquen modificar sus presupuestos.

En un oficio interno, el ente fiscalizador señala que los servicios públicos y ministerios deberán acompañar sus peticiones de reasignación o cambio presupuestario con un conjunto de antecedentes que sustenten la necesidad, pertinencia y legalidad del ajuste. 

El documento establece que los decretos que autoricen modificaciones presupuestarias —ya sea para ampliar partidas, reducir gastos, transferir recursos o reordenar funciones— deberán contener, entre otros elementos: la identificación del objetivo del reajuste; un análisis del impacto en las metas institucionales; una evaluación de la disponibilidad financiera; y la verificación del cumplimiento de normas legales vigentes. 

Ex-autoridades de la Dirección de Presupuestos (Dipres) advierten que esta mayor exigencia podría “burocratizar” la gestión presupuestaria de los ministerios, en particular cuando se requieren cambios rápidos para responder a emergencias o coyunturas.

Uno de los antecedentes de la Contraloría para tomar esta medida es el creciente uso de decretos de reajuste presupuestario en los últimos años, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia, oportunidad y eficacia de esos cambios.

Con esta política, el órgano contralor busca reforzar el control preventivo y asegurar que los recursos públicos se reasignen con fundamentos sólidos.

El efecto práctico: los ministerios que pretendan, por ejemplo, recortar gasto en un programa para destinarlo a otro, deberán ahora preparar un respaldo más exhaustivo, lo que podría demorar los procesos.

Del mismo modo, los servicios públicos que soliciten ampliaciones presupuestarias deberán demostrar que esas más partidas generarán resultados tangibles y medibles, no solo responderán a presiones políticas o demandas externas.

En el contexto del Presupuesto 2026 y de la necesidad de contención fiscal en el Estado chileno, este oficio aparece como una señal de que la Contraloría busca mayores estándares de justificación y accountability; lo que podría influir en la forma cómo ministerios como Hacienda, Obras Públicas o Salud estructuran sus futuras peticiones al Congreso y al Ejecutivo.