Por días, los portones de las principales plantas faenadoras del sur permanecieron cerrados. A un costado, decenas de camiones cargados de ganado esperaban bajo la lluvia, sin certeza de cuándo podrían descargar.

En el interior de los recintos, los pasillos estaban vacíos, las sierras detenidas y los turnos suspendidos. Así se vivió el impacto más crudo del paro del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), una movilización que golpeó directamente al corazón de la industria ganadera nacional.

La paralización, iniciada el 13 de octubre, rápidamente desbordó la frontera de lo administrativo para convertirse en un problema estructural. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos —el epicentro ganadero del país— tres plantas faenadoras claves dejaron de operar. Juntas, representan el 35% de la producción nacional. El silencio en esos recintos se tradujo en pérdidas que ya bordean los US$ 8 millones, según estimaciones del gremio ChileMeat.

Rafael Lecaros, gerente general de la asociación, describe la escena como un “efecto dominó”: animales retenidos en predios por más tiempo del recomendado, costos extraordinarios en alimentación, riesgos sanitarios crecientes y un flujo financiero que, simplemente, comenzó a quebrarse. En Valdivia, la planta Ñuble Alimentos dejó de mover cerca de US$ 70 mil por cada día sin faena. Medio millón de dólares se esfuma sólo en ganado que no pudo ser procesado a tiempo.

Mientras tanto, en Osorno, los integrantes de Corpcarne recorrían los patios de engorda, calculadora en mano. Allí, el perjuicio diario ronda los US$ 130 mil, entre lucro cesante y la sobrecarga que implica mantener animales listos para faena sin poder avanzar. “Todo se traba: el transporte, los contratos, la producción. Esto no es sólo un paro, es un freno completo a la cadena”, comentan desde el gremio.

El conflicto que paralizó al SAG también tiene su propio pulso interno. Aunque una de las asociaciones depuso la movilización tras llegar a acuerdo con el Gobierno, la Asociación Sindical de Funcionarios SAG mantiene el paro, denunciando malas prácticas internas, contrataciones discrecionales y falta de concursos públicos. Desde este grupo afirman que la institución “lleva más de 20 años con sueldos que sólo suben por IPC”, mientras algunos nuevos ingresos superan los cinco millones de pesos. Una bomba de tiempo que terminó por estallar.

Afuera, las consecuencias comienzan a escalar. Exportadores temen incumplir contratos en mercados exigentes, donde cada día de atraso puede significar sanciones, bonos perdidos o compradores que simplemente buscan alternativas en gigantes ganaderos del Mercosur. Dentro del país, aunque aún no hay señales de desabastecimiento, el sector lácteo advierte que los cuellos de botella podrían traducirse pronto en alzas de precios.

En los campos, los productores miran con inquietud cómo los animales siguen creciendo más allá del peso ideal, cómo los insumos se encarecen, cómo los compromisos financieros aprietan. Cada día de paro es un día perdido en una industria que no puede detenerse.

La escena de los camiones esperando horas sin moverse, la faena detenida y los gremios intentando medir daños es una postal que la ganadería chilena no veía hace décadas. Y si la movilización se prolonga, advierten, el daño podría trascender lo inmediato y llegar a afectar la reputación internacional que tanto ha costado construir.

Por ahora, el país espera una solución. En las plantas, los motores siguen apagados. En los predios, el ganado sigue esperando. Y en los gremios, el temor crece: que un paro interno, que comenzó como una demanda laboral, termine por dejar heridas profundas en una de las industrias más importantes del sur de Chile.