El Ejecutivo avanza con firmeza en la región de la Macrozona Sur, tras registrar seis querellas presentadas bajo la Ley Antiterrorista, de las cuales cuatro corresponden a hechos ocurridos en la Macrozona Sur, además de un total de 514 querellas presentadas por violencia en dicha zona desde el inicio de la gestión presidencial. 

Cambio de enfoque

Cuando Gabriel Boric inició su mandato rechazando medidas coercitivas como el estado de excepción, la evolución de los acontecimientos lo ha llevado a un giro estratégico en la Macrozona Sur: primero apostando por el diálogo y luego implementando mecanismos más contundentes de respuesta frente a la violencia. 

Las cifras que revelan el camino

– Durante el primer año de administración se registraron 39 querellas en la región del Biobío, 66 en La Araucanía y 20 en Los Ríos. 
– En 2023, los números escalaron: 78 en Biobío, 112 en La Araucanía y 24 en Los Ríos. Fue el año con más acciones penales en esta zona. 
– En 2024 los números bajaron: 37 en Biobío, 65 en La Araucanía, 19 en Los Ríos. En lo que va de 2025, los registros también son menores: 21 en Biobío, 32 en La Araucanía y 1 en Los Ríos. 
– En total, estos 514 querellas se suman a 614 sentencias condenatorias dictadas por hechos violentos en la zona, lo que, según el gobierno, representa un “considerable incremento” respecto a años previos. 

Hechos recientes que motivan la acción

Entre las últimas querellas presentadas, destaca el ataque a la central hidroeléctrica Rucalhue en abril, donde un grupo de al menos 12 encapuchados quemó más de 50 máquinas. También se denunció la quema de camiones en Collipulli y un atentado incendiario en una faena forestal de Carahue. Estas agresiones han sido atribuidas por las autoridades a grupos como la WAM, la Resistencia Mapuche Lavkenche y la Resistencia Mapuche Malleco. 

Perspectivas y críticas

Para la diputada Ericka Ñanco (FA), “desde 2021 a la fecha, los hechos de violencia en la Macrozona Sur han disminuido casi un 80%”. Ella atribuye estos avances a una combinación de “mano dura” y “mano inteligente, que escucha a las comunidades, a las autoridades locales y busca acuerdos reales”. 

Por otro lado, la suspensión de la consulta indígena y el prolongado estado de excepción han generado cuestionamientos respecto al equilibrio entre seguridad y diálogo con las comunidades originarias. La Comisión por la Paz y el Entendimiento —que elaboró más de 20 recomendaciones para la restitución de tierras y la reparación de víctimas mapuche— quedó en la antesala de su implementación debido a que requería consulta indígena, la cual fue suspendida. 

¿Qué sigue?

El gobierno debe definir ahora los próximos pasos en materia de política indígena y seguridad: ¿cómo avanzar en la restitución de tierras, en un diálogo real con las comunidades, y al mismo tiempo mantener la presión judicial frente a la violencia? El equilibrio, hasta ahora esquivo, será clave para su legado en la Macrozona Sur.