En las calles de Los Ángeles, la vida cotidiana se cruza con una paradoja difícil de ignorar: aunque la Ley de Tránsito establece que Carabineros, la Seremi de Transportes y la Inspección Municipal tienen la obligación de fiscalizar diariamente, en la práctica, esa labor solo se activa cuando existe un reclamo o denuncia previa.

El resultado está a la vista. En calles céntricas, por ejemplo, no es raro ver automóviles estacionados en doble fila mientras los conductores hacen trámites rápidos. En diferentes villas, los estrechos pasajes limitan el paso de Bomberos en caso de emergencias, del camión de la basura y el normal caminar de peatones, algunos de ellos con limitación visual o de movilidad.

Los vecinos denuncian que algunos vehículos utilizan las veredas como estacionamientos improvisados, poniendo en riesgo a peatones y adultos mayores y destruyendolas. Y en sectores periféricos, las carreras clandestinas se han vuelto un fenómeno recurrente en las noches sobretodo los fines de semana, donde la velocidad y el ruido sustituyen el orden que la autoridad debería garantizar.

La situación genera molestia en la comunidad, que siente que la responsabilidad de mantener el orden vial recae en ellos mismos, mediante llamados y denuncias. “Si no llamamos, nadie viene. Y mientras tanto, los automovilistas siguen haciendo lo que quieren”, comenta una vecina del centro, cansada de ver la misma postal frente a los colegios en horarios punta: furgones y vehículos particulares bloqueando las calles.

Especialistas en movilidad urbana coinciden en que la ausencia de fiscalización sistemática envía una señal peligrosa: la norma se cumple solo cuando alguien protesta. Esto erosiona la cultura de respeto a la ley y al mismo tiempo expone a la ciudad a mayores niveles de inseguridad vial.

La propia normativa de tránsito es clara: el control del orden vehicular es un deber permanente de Carabineros, de la Seremi de Transportes y de los inspectores municipales. Sin embargo, la percepción en Los Ángeles es que las labores se han vuelto esporádicas, reactivas y dependientes de la presión vecinal.

Mientras tanto, la ciudad crece, el parque automotriz aumenta y la convivencia vial se vuelve más compleja. En este escenario, los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo más deberán cargar con el peso de fiscalizar, cuando en realidad esa tarea corresponde —por ley— a las autoridades.