Ante el inicio de la temporada de incendios forestales, autoridades nacionales y regionales presentaron el Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios. Dicha iniciativa busca reforzar la coordinación público-privada y preparar al territorio frente a un escenario que se anticipa complejo. Sin embargo, a pesar de esta implantación estratégica, el panorama comunal revela ciertos rezagos que pueden limitar la efectividad del despliegue en el territorio.

El plan contempla un presupuesto nacional de más de $160 mil millones, un 110% superior al de hace cuatro años, con el despliegue de 77 aeronaves y 319 brigadas en todo el país. Para la región del Biobío se dispondrá de $23 mil millones, con el funcionamiento de 42 brigadas —cuatro de ellas nocturnas— y 12 aeronaves permanentes, además de la capacidad de movilizar recursos desde otras zonas en caso de emergencia.

La estrategia incluye también la construcción de cortafuegos, la coordinación con fuerzas de seguridad para enfrentar la intencionalidad de incendios y la exigencia a las empresas eléctricas de despejar sus franjas de seguridad.

En esa línea, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, enfatizó que la coordinación intergubernamental y la colaboración público-privada son esenciales tanto para la prevención como para el combate, y recordó que el 99 % de los incendios forestales tiene origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad.

“Siempre es más importante y más posible prevenir un incendio que combatirlo”, comentó, llamando a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo, especialmente durante los días de mayores temperaturas.

Acerca de esto, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, subrayó también el rol de los COGRID provinciales para asegurar el despeje de franjas eléctricas y reforzó que la meta es “no bajar la guardia, trabajar de manera intensa y articulada, con sentido de urgencia, para proteger la vida de nuestros compatriotas y sus propiedades”.

En paralelo, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, valoró la presentación del Plan de Acción 2025-2026 y destacó que el refuerzo de recursos anunciado por el Gobierno constituye un avance significativo, aunque recalcó que “no hay mejor combate que la prevención”. Por otro lado, recordó que el Gore ha financiado brigadas nocturnas por $800 millones y destinado cerca de $3.000 millones para Lebu y Los Ángeles, además de fortalecer la Red de Prevención Comunitaria.

Rezagos comunales

A escala comunal, los informes de Senapred muestran brechas en la preparación. Tal como había consignado este medio, tres municipios —Los Álamos, San Rosendo y Tucapel— aún no ingresan sus Planes Comunales de Emergencia (PCE). Pero eso no es todo, pues otros siguen en medio de revisiones, observaciones o etapa de transferencia de fondos para sus Programas de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD).

Es el caso de Quilaco, Santa Bárbara, Tucapel y Laja, cuyos programas locales corresponden a iniciativas 2025 y se encuentran recién en la fase de transferencia de fondos, sin operatividad inmediata. En paralelo, varias comunas tienen documentos en revisión o en corrección tras observaciones técnicas, lo que postergó su entrada en vigencia.

La diferencia entre ambos niveles de planificación es relevante. Mientras el Plan de Acción 2025-2026 entrega lineamientos generales y articula a ministerios, Conaf y Senapred en la escala regional, los planes comunales son la pieza operativa que aterriza esa estrategia en terreno. Sin ellos, se debilita la capacidad de reacción inmediata, ya que faltan protocolos claros para coordinar a bomberos, equipos municipales y organismos de emergencia durante un siniestro.

Consultada la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recalcó que los municipios tienen una obligación legal de contar con los dos instrumentos, puesto que ambos deben revisarse cada dos años y formalizarse mediante decreto alcaldicio. A pesar de este marco, reconoció que aún existen comunas que no han logrado dictar oficialmente sus planes.

Para apoyar esa tarea, señaló que el servicio dispone de un programa de gestión del riesgo con fondos concursables que han destinado más de $800 millones este 2025. Estos recursos permiten a los municipios elaborar o actualizar sus planes, junto con capacitaciones y asistencia técnica. “Animamos a las comunas a que sigan esforzándose por tener este instrumento”, apuntó.

Cebrián agregó que actualmente más del 80 % de los municipios del país ya cuentan con planes de emergencia vigentes y están incorporando anexos forestales, lo que fortalece la capacidad de respuesta.

Además, destacó el rol de los COGRID comunales como espacios de coordinación en fases de preparación y respuesta, claves para que los recursos y despliegues mostrados a nivel regional se traduzcan en acciones concretas que eviten la afectación de la población durante la temporada de incendios.