El Senado de Chile retomó su actividad legislativa con un intenso debate en torno a una moción que busca establecer mecanismos de cumplimiento alternativo de penas para ciertos grupos de condenados, generando división entre las bancadas y poniendo presión sobre el oficialismo. 

La iniciativa, que fue puesta en tabla y se ubica en tercer lugar en la agenda del pleno, propone permitir que condenados mayores de 80 años, así como personas con enfermedades graves o terminales, cumplan sus sentencias bajo regímenes distintos a la tradicional pena privativa de libertad. Este tipo de cumplimiento alternativo incluye, por ejemplo, la reclusión domiciliaria, según el texto de la moción legislativa. 

El proyecto ha generado especial controversia porque entre las personas que podrían acoger este beneficio se encuentran individuos condenados por delitos de lesa humanidad, lo que ha encendido las alertas de sectores de izquierda y partes del oficialismo. 

Quienes impulsan la propuesta han señalado que su alcance es más amplio que un grupo específico, argumentando que responde también a estándares de derechos humanos y al trato digno de personas cuya condición física o edad avanzada dificulta el cumplimiento en centros penitenciarios. Sin embargo, para entrar en vigor, la moción requiere de una mayoría absoluta de votos (al menos 26 senadores) debido a que contiene normas de rango orgánico constitucional. 

Si el Senado no aprueba la iniciativa, ésta podría ser archivada por un año, lo que impediría que se vuelva a legislar sobre el mismo tema durante ese periodo, aunque los detractores aún podrían solicitar aplazamientos o segundas discusiones en futuras sesiones. 

El debate se desarrolla en medio de tensiones políticas, con la coalición oficialista dividida entre quienes rechazan el avance de la normativa y quienes están abiertos a discutir indicaciones que atenúen sus efectos más polémicos.