Según el más reciente informe “Radiografía de los residuos domiciliarios en Chile” de Kiklos para la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la gestión de residuos se ha convertido en un desafío que tensiona, tanto a los presupuestos municipales como a la sostenibilidad ambiental. Este último, destacó al Biobío como la región con mayores niveles de gasto frente a otras zonas del país.

El estudio muestra que, en promedio, cada habitante del Biobío representa un costo anual de $22.640 en gestión de residuos, cifra que se ubica levemente por encima del promedio nacional de $22.226. Aunque la diferencia pueda parecer marginal, en una región con más de 1,6 millones de habitantes el impacto acumulado sobre los presupuestos de las casas ediles resulta considerable.

Si se analiza el gasto por tonelada, el Biobío alcanza $65.597, nuevamente sobre el promedio nacional de $61.707. Este indicador no es menor: da cuenta de que, en la logística y disposición final de los desechos, los municipios locales enfrentan costos más elevados que gran parte del país, lo que puede deberse a factores como el transporte, la distancia a rellenos sanitarios o la infraestructura disponible.

Cuando se comparan los niveles de recuperación y valorización de desechos, el Biobío aparece en una situación ambivalente. En 2023 la región alcanzó una recuperación de 5 kilos por persona al año, cifra muy cercana al promedio nacional de 5,2 kilos. En otras palabras, pese al mayor gasto, la región no logra un rendimiento claramente superior en términos de reciclaje efectivo.

El caso del Biobío resulta especialmente llamativo, pues el contraste es claro al mirar otras regiones: Los Ríos, por ejemplo, con un gasto menor de $21.909, logra 8,4 kilos de recuperación, mientras Antofagasta, con costos inferiores, llega a 6,5 kilos. Esto sugiere que el problema en Biobío no estaría tanto en cuánto se invierte, sino en la eficiencia y resultados de esas inversiones.

La indagatoria también revela la persistencia de microbasurales como indicador del rezago en la gestión de residuos. A nivel nacional se registraron 3 mil 941 sitios, de los cuales 323 corresponden a la región del Biobío, ubicándola entre las cinco regiones con mayor cantidad de focos de basura no controlada. Esta cifra refuerza la percepción de que, pese al elevado gasto municipal en residuos, los resultados en control y valorización siguen siendo limitados.

En materia de infraestructura para la valorización, el Biobío cuenta con 595 puntos verdes, 50 puntos limpios y 19 centros de acopio distribuidos en varias comunas, además de tres plantas de tratamiento de residuos orgánicos. En comparación, regiones como la Metropolitana y Araucanía presentan una mayor densidad de instalaciones y niveles de reciclaje más altos.

Otro aspecto relevante que aborda el informe es la gobernanza en la gestión de residuos. En la región existen 86 recicladores de base certificados, 67 informales y 26 gestores locales, además de cinco iniciativas de valorización local. Aunque la región cuenta con presencia de actores clave, su número sigue siendo menor que en otras zonas de tamaño poblacional similar, lo que evidencia una articulación institucional limitada.

Todo esto sumado a los altos costos por tonelada, recuperación per cápita apenas en la media nacional y persistencia de microbasurales plantea una interrogante de fondo: Mientras algunos municipios destinan esfuerzos a fortalecer programas de reciclaje y educación ambiental, el promedio de la región sugiere que las iniciativas todavía no logran consolidarse como una política efectiva y homogénea.

En adición, según los datos recopilados, en la región del Biobío los puntos verdes o limpios se encuentran en 25 comunas, lo que representa un 76 % de cobertura regional, mientras que la recolección de reciclables y orgánicos alcanza sólo al 18 % y 9 % de las comunas, respectivamente. Esto confirma que, aunque la infraestructura para el acopio de residuos está relativamente extendida, los servicios de recolección especializada siguen siendo limitados.

En definitiva, el Biobío se posiciona como una región donde la inversión en residuos es alta, pero los resultados muestran un rendimiento modesto. Más allá de los montos involucrados, lo que está en juego es la capacidad de transformar esos recursos en un sistema más eficiente y sostenible.

Municipios del Biobío

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Asociación de Municipios del Biobío (AMRBB) y alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, interpretó que el alto nivel de gasto por habitante y por tonelada en la gestión de residuos reflejan un “compromiso regional frente a un problema complejo”.

Según Acuña, el hecho de que los municipios del Biobío inviertan más que el promedio nacional demuestra la disposición de la institucionalidad local, aunque subraya que este mayor gasto obliga a revisar con rigor la eficiencia del sistema y a exigir un mayor apoyo desde el Gobierno Central.

En cuanto a los factores que lo explican, destacó que “las distancias obligan a mayores costos de traslado y las distintas realidades comunales influyen directamente”, señaló. Además, mencionó la falta de infraestructura para el reciclaje y la valorización de residuos, así como la escasez de rellenos sanitarios.

Ahora bien, sobre las estrategias para incrementar la recuperación y valorización de residuos —considerando que el indicador regional es levemente inferior al promedio nacional—, Acuña recalcó que esto se da porque la prioridad es fortalecer políticas de reciclaje. Añadió que varios municipios impulsan la educación ambiental y, en coordinación con el sector privado, avanzan en la instalación de plantas de valorización, con el objetivo de generar un circuito de economía circular y disminuir la presión sobre los vertederos.

Por último, respecto al rol que deben desempeñar las municipalidades para consolidar una política de gestión de residuos eficiente y sostenible, señaló que los municipios deben impulsar cambios culturales en barrios y colegios. No obstante, aclaró que estas iniciativas deben complementarse con soluciones regionales y con apoyo del Gore y el Gobierno Central, para que se construya una política que se sostenga en el tiempo.